A la fecha, se reportan 8,974 exfuncionarios que no han declarado su patrimonio, lo que denota que las sanciones económicas desactualizadas y expresadas en colones”¦ son un incentivo para incumplir la obligación que la misma Constitución demanda en el artículo 240, inciso tercero que reza: “los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los requisitos anteriores, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que tomen posesión de sus cargos”.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano manifestó que el gabinete del presidente Nayib Bukele ha incumplido la Constitución en lo referente a la presentación de la declaración en probidad. Se exceptúan del incumplimiento a la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco; el viceministro de Hacienda, Óscar Anaya; presidente de ANDA, Frederick Benítez; presidente de FONAES, Jorge Aguilar; un director del Consejo Directivo de CEFAFA y la subdirectora de Seguridad Pública de la PNC, Zelma Alejandrina Escalante.
Por eso propone multas que vayan desde $500 hasta $5,000, en la iniciativa que ha presentado para aquellos funcionarios y empleados que no presenten su declaración patrimonial en el tiempo que la ley establece.
Actualmente, el artículo 17 de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, establece multas de 100 colones ($11.43) a 5,000 ($571.43).
Esta normativa fue aprobada en mayo de 1959 cuando presidía la Asamblea, Víctor Manuel Esquivel. Desde entonces, ha sido objeto de al menos ocho reformas.
Hoy, el también diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quiere que las sanciones económicas se ajusten a los tiempos actuales.
Para el diputado Quijano, es importante que los funcionarios presenten su declaración de probidad conforme el plazo establecido en la Constitución y en la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito, por lo que se hace necesario aumentar la sanción económica y definir el plazo prudencial que pueda extender la Corte Suprema de Justicia, ante casos de incumplimiento de dicha obligación.
Las reformas que propone Quijano van más allá de la sanción económica. También plateó que deberá cesar de su cargo el funcionario o empleado público, el siguiente día posterior al vencimiento del plazo que ya establece la legislación.
De igual manera, el funcionario o empleado público que presente declaraciones falsas para beneficio propio, incurrirá en una multa de $5,000 y la cesación de su cargo.
Por el momento, la Comisión de Legislación tiene en estudio las reformas a la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito y probablemente en las próximas semanas pueda emitir un dictamen favorable para ser conocida en la sesión plenaria.
