Si bien, en términos generales en materia de seguridad pública, los resultados han sido positivos desde que el presidente Nayib Bukele lanzó el 20 de junio el Plan de Control Territorial, diputados de dos grupos parlamentarios consideran que falta mucho por hacer y las cifras incluso pueden ser engañosas.
Los legisladores Rodrigo Ávila de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Raúl Beltrán Bonilla del Partido de Concertación Nacional (PCN), dieron algunos detalles de la reunión que tuvieron el martes con el fiscal General, Raúl Melara en la Escuela de Capacitación de la Fiscalía General de la República.
Ávila comentó que durante la presentación, pudieron ver la realidad de la situación de la seguridad en el país. Conocieron para el caso, el número de capturas en flagrancia, con órdenes administrativas, judiciales y el tema de las denuncias a escala nacional, cuales son las variaciones y los lugares de mayor incidencia delincuencial.
En lo que respecta a la capturas masivas, Ávila explicó que la liberación de los arrestados no es que se va a dar en tres días como comúnmente se piensa, ya que los casos se sostienen. Pero no dejó pasar por alto que la Fiscalía necesita de más recursos, tanto económicos como de personal.
“Vimos cómo en 24,000 casos abiertos, 600 fiscales han generado 24,600 procesos judiciales, lo cual es una barbaridad, estamos hablando que la carga anual por fiscal es de 500 casos, por eso externamos al fiscal Melara que se apoyará a la institución cuando se vea el presupuesto para el 2020″, precisó.
Pero hay una preocupación, dijo por su parte, Beltrán Bonilla, y es que del 1 de enero al 27 de agosto de este año se cometieron 70,761 delitos, casi 10 mil por mes para tener una idea.
El pecenista agregó que la Fiscalía tiene una especie de “top 10” de los delitos y entre los que más figuran en lo que va del año son: violencia contra la mujer, privación de libertad, extorsión y delitos contra el patrimonio.
“A cada fiscal le tocan como 200 casos y físicamente es imposible que se resuelvan”, comentó Beltrán Bonilla.
Otro aspecto es el de las desapariciones, Tomando en cuenta el mismo período hay un total de 1,851; y en cuanto a fallecidos, siempre desde enero al 27 de agosto se contabilizan 1,839.
Por eso ambos diputados coinciden en que a la Fiscalía hay que dotarla de más recursos, ya que es la encargada de combatir el delito en representación del Estado.
En cuanto a la reducción de homicidios se confirman los datos con los manejados por el Ejecutivo a través de las instituciones de seguridad pública”¦,¡ pero en parte!.
Es necesario hacer un examen con los números en mano. Se cometen 47 delitos diarios, es decir dos cada hora a escala nacional; 70,761 delitos en 240 días, lo que se traduce en 294 por día o 12.2 delitos cada hora.
Por si fuera poco, se emiten 26 órdenes de captura todos los días y si bien hay una reducción notable de fallecidos, Beltrán Bonilla se pregunta ¿dónde está la estructura delincuencial?
Ese es uno de los temas que el Gobierno tiene que explicar. Por eso el plan antidelincuencial debe ser permanente, no se puede desmontar porque si la PNC y la Fuerza Armada salen de las zonas que tienen en control, ¿qué pasará después?, lo más seguro es que los delincuentes regresarán.
El diputado Ávila manifestó que la fuerza potencial de generar violencia no puede dejarse. Si bajan los delitos, hay que entrar de lleno a combatir permanentemente a los grupos criminales.
“Eso lo vivimos con el tema de la tregua (en la administración de Mauricio Funes) en donde bajaron los índices de violencia, pero la fuerza potencial de generarla, lejos de disminuir aumentó y cuando se rompió ese pacto, llegamos a tener una situación como la que se vivió en el 2015 en donde se alcanzaron los niveles máximos de violencia”.
Sin embargo, hay que reconocer, dijo Ávila, que el gobierno de Nayib Bukele ha celebrado mediáticamente los resultados del plan para combatir la delincuencia; los resultados hasta cierto punto han sido buenos pero no debe dejar pasar que a las estructuras delincuenciales se les debe atacar de manera permanente.
A finales de 2006, se hizo un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Seguridad, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General para crear un registro de las víctimas de la violencia.
Antes de ese año, todo fallecido, ya sea en accidentes de tránsito, atropellados o la razón que fuera, eran incluidos en las cifras de homicidios.
“Ciertamente la violencia ha bajado”¦, pero es claro que el Gobierno quiere sacar rédito político de los logros que se tienen”, puntualizó Ávila.
