Por Alessia Genoves
$498,374.31 USD es el monto estimado en el incremento del patrimonio no justificado de David Munguía Payés, su esposa y dos de sus hijas. La estimación la establece el examen especial de auditoría, elaborado en el mes de octubre de 2021, por la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia /CSJ). Los hallazgos han sido procesados en la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, donde la FGR ventila las imputaciones de “enriquecimiento ilícitos y de actos arbitrarios”.
Munguía Payés ha sido sometido al requerimiento Fiscal, y su caso se ventiló el Corte Plena, de la CSJ, en la fecha del 21 de octubre de 2021. La instancia judicial, de hecho, declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito en su ejercicio como titular del Ministerio de la Defensa Nacional (2009-2011); ordenó el juicio en contra del acusado, así como la transferencia a terceros de sus vehículos, la anotación preventiva de sus inmuebles. Pero el monto de las estimaciones dinerarias que fijan sus imputaciones fue procesada por al FGR, ampliando sus investigaciones al 2019, hasta la deposición de su cargo al cierre de la administración del ex-presidente Salvador Sánchez Cerén. Cabe destacar que en ésta última institución, se estimaría una malversación de fondos por $4,638,164.91 USD.
Enriquecimiento Ilícito
$498,374.31 USD es el monto estimado en el incremento del patrimonio no justificado de David Munguía Payés, y su familia. La estimación la establece el examen especial de auditoría, elaborado en el mes de octubre de 2021, por la Unidad de Probidad de la CSJ. Los hallazgos han sido procesados en la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.
Según lo detalla la representación fiscal, en el proceso es requerida su esposa Sandra Dinora de Munguía y sus hijas, Sandra Beatriz y Blanca Patricia Munguía Molina, quienes comparten el mismo monto requerido por la demanda de responsabilidad civil. Detalla que lo hecho hechos tuvieron lugar durante el período del 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011; es decir, durante los primeros tres años transcurridos de la administración del gobierno del ex-presidente, Carlos Mauricio Funes Cartagena.
FGR deduce que las responsabilidades penales han sido distribuidas en su grupo familiar, en tanto a la tenencia y registro de ingresos y gastos. De modo que el ex-ministro de Defensa se sometido a juicio civil, al no haber declarado el origen de $491,287.74 USD en su patrimonio; del mismo modo que su cónyuge es acusada por el registro irregular de $3,614.07 USD en sus haberes. También su hija Sandra es sometida al proceso civil, al encontrarse un monto no justificado de $2,362.50 USD; mientras que la segunda, Blanca Patricia, es sometida al mismo proceso por no haber declarado $1,100.00 USD.
Indicios y alegatos
Sin embargo, la defensa de los acusados “alega doble persecución del delito, debido a que se encuentran dos procesos abiertos sobre estos mismos bienes: el Civil y el de Extinción de Dominio”. Por ello, “resolvieron que cada ámbito persigue objetos distintos; además, hay cuentas bancarias diferentes en cada proceso”, según lo detallaron las autoridades judiciales.
$113.213.88 USD requería Munguía Payés al Estado, en concepto de devolución, por perjuicios arraigados al proceso. Sin embargo, al FGR habría logrado que el monto dinerario no se le fuera reintegrado, según lo informó la institución fiscal esta mañana. Ésta última cantidad, sin embargo, responde a incumplimientos de deberes, registrados durante su administración, en los años 2011 al 2019; es decir, durante la gestión del ex-presidente nicaragüense, Salvador Sánchez Cerén.
A los indicios de enriquecimiento ilícito se suman los de Corte Plena. De hecho, ContraPunto examinó el Acta/No. 82 del 7 de octubre de 2021. El el documento, se declaró como “indicios de enriquecimiento ilícito” al menos 4 inmuebles de su propiedad; así como “un automóvil marca BMW y un automóvil marca Volvo”. También procedió a inmovilizar sus cuentas bancarias, así como la anotación preventiva de dichos inmuebles, con votación en la instancia de al menos 11 magistrados.
– Inmueble de naturaleza rústica, en municipio de San Marcos, a nombre del señor David Victoriano Munguía Payes: Once votos.
– Inmueble de naturaleza rústica el primer inmueble identificado en su antecedente con el literal “A” municipio de Tamanique, La Libertad, inscrito a nombre del investigado: Once votos.
– Inmueble de naturaleza rústica, situado en segundo inmueble, identificado 15 en su antecedente con el literal “B” municipio de Tamanique, La Libertad inscrito en nuda a propiedad a nombre de David Victoriano Munguía Payes: Once votos.
– Inmueble de naturaleza rústica, situado en municipio de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, el cual está inscrito a nombre del investigado en un 100% de propiedad: Once votos.
Munguía Payés, en última instancia, está siendo procesado por la FGR y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por presuntos actos de corrupción durante su gestión entre 2009 y 2019. La FGR lo acusa de enriquecimiento ilícito y actos arbitrarios contra el Estado por un monto de $498,374.31 USD, mientras que estima una malversación de fondos por $4.6 millones USD. La CSJ halló indicios de enriquecimiento ilícito e inmovilizó cuentas bancarias, vehículos y propiedades vinculadas a Munguía Payés por un monto superior a los $400 mil USD.
Malversación
$4,638,164.91 USD es el monto estimado en la malversación de recursos del Estado, durante la representación de Munguía Payés en el Ministerio de la Defensa Nacional, incluyendo su segundo período, en el gobierno del expresidente Sánchez Cerén. La estimación, desde luego, la da a conocer la FGR, y ha sido tramitada en el Juzgado de Extinción de Dominio.
ContraPunto ha tenido acceso a varios documentos de la CCR, que responden a los años posteriores a los del primer mandato. Las observaciones preliminares de éste periódico hacen nota que la información es aún aún dispersa. No obstante, los primeros exámenes de auditorías, del año 2014, resolvieron que la CCR no habría encontrado “condiciones reportables para reflejar en el presente informe”; mientras que en los períodos subsiguientes, se habrían encontrado irregularidades en $55,935.54 USD en cupones de combustibles que no fueron contabilizados oportunamente; y otros $14,500 USD no fueron contabilizado oportunamente, de manterial quirurgico, urológico, etc.
El juicio civil en la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador continúa su curso. Se espera que en las próximas audiencias se continúe presentando prueba documental, testimonial y pericial para determinar el monto final que deberá ser devuelto por Munguía Payés al Estado de El Salvador. Tanto la FGR como la CSJ coinciden en señalar múltiples irregularidades en el incremento patrimonial del ex Ministro de Defensa durante su gestión, las cuales no pudo justificar ante los entes fiscalizadores.
$5,5 millones en enriquecimiento ilícito de exfuncionarios del FMLN
$5,567,678.42 USD en enriquecimiento ilícito implican a nueve ex-funcionarios del FMLN. El monto dinerario responde al saldo que la CCR estima en las irregularidades patrimoniales halladas en los depósitos bancarios, utilidades e inmuebles durante el ejercicio de su cargo en la administración pública. Los casos sobre los que se presume una mayor registro de irregularidades corresponden al del ex-titular del Centro de Ferias y Convenciones, Miguel Meléndez (Mecafé) y al del ex-presidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigifredo Reyes por cantidades respectivas de $1,868,104.39 y de $472,464.04 USD.
ContraPunto, por su parte, ha obtenido éstos resultados de las consultas periódicas a los informes de la CCR. Algunos de los resultados de los exámenes de auditoría han trascendido al órgano judicial, que han implicado señalamientos en contra de familiares, parejas y ex-parejas de los ex-funcionarios acusados. Cabe destacar, sin embargo, que no todos los señalados han sido aún vencidos en juicio; y que, por el contrario, sólo tres han sido declarados culpables. Ésta última condición atañe a funcionarios como Mecafé, así como al ex-presidente de la República, Carlos Mauricio Funes, por $206,660.55 USD, y el ex-diputado, Benito Antonio Lara, por un monto de $109,555.87 USD.
Miguel Meléndez, exdirector de Ferias y Convenciones (Mecafé), fue condenado por la Cámara Primera de lo Civil a 8 años de prisión y debe devolver $1,8 millones USD de su patrimonio no justificado. También se determinó responsabilidad civil para su esposa Fátima Yanira Henríquez de Menéndez por $59 mil USD, su hija Fátima Yanira Menéndez de Baires por $133 mil USD y otra hija, Andrea Vanessa Menéndez Henríquez por $23 mil USD.
El expresidente Mauricio Funes fue condenado a 6 años de prisión y a devolver $206 mil USD por evasión fiscal en el Tribunal Tercero de Sentencia. Otro proceso por enriquecimiento ilícito está abierto en la Cámara Segunda de lo Civil. Entretanto, Benito Lara, exministro de Seguridad, y su esposa Ana Emilia Zelaya de Lara e hija Ilena Briseida Lara Campos fueron declarados culpables por la Cámara Primera de lo Civil de enriquecerse ilícitamente en $109 mil USD entre 2009 y 2019.
Othon Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, está acusado de enriquecerse ilícitamente en $472 mil USD entre 2006 y 2015. También se investiga a su esposa Susi Melba Rodríguez por $17 mil USD y a su hijo Luis Damian Reyes por $700 USD en la Cámara Segunda de lo Civil. Asimismo, Eugenio Chicas González debe devolver $252 mil USD según la FGR. Su exesposa Ana Ramírez, actual cónyuge Blanca Ayala y su hijo Carlos Chicas están implicados por $30 mil USD en total, en el proceso penal ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
La exdiputada Lorena Peña es acusada por la FGR de no justificar $277,482.51 USD de su patrimonio entre 2012 y 2018 ante la Cámara Primera de lo Civil. Una ONG fundada por ella recibió fondos estatales irregulares por $518 mil USD. Del mismo modo que el exdiputado Jorge Hándal, su pareja Lilian Armanda Rosales de Hándal y sus hijas Linda Verónica Hándal y Georgina Beatriz Hándal son procesados en la Cámara Segunda de lo Civil por incremento patrimonial no justificado de $182 mil USD.
David Munguía Payés, exministro de Defensa, está acusado junto a su esposa Sandra Dinora de Munguía y sus hijas Sandra Beatriz y Blanca Patricia Munguía Molina de enriquecerse ilícitamente en $498 mil USD entre 2009 y 2011 en la Cámara Tercera de lo Civil. También el exdiputado Medardo González, su esposa Sonia Ernestina Paredes de González y sus hijos Luis Antonio González Portal y Medardo Romeo González Portal deben responder en la Cámara Segunda de lo Civil por $153 mil USD en irregularidades entre 2012 y 2015, según la FGR.
