Redacción ContraPunto
312 días sin homicidios intencionales se reportan durante la administración del presidente Nayib Bukele. El dato lo confirma la Policía Nacional Civil (PNC), en sus informes oficiales divulgados periódicamente. Los datos también constatan que sólo durante los 26 días transcurridos del mes de febrero se registraron 20 días sin homicidios. El Gabinete de Seguridad del Ejecutivo responsabiliza a las maras y pandillas de participar en los más de 111 mil homicidios registrados desde 1994.
23 son los homicidios intencionales registrados desde el 1 de enero al 26 de febrero del año 2023. El registro es inferior a los 145 hechos de sangre (de la misma naturaleza) perpetrados durante el mismo período del año 2022; con una diferencia del 84.1%. Al mismo tiempo, la PNC detalla que durante el año 2021, los homicidios se enumeraban en 207 casos; mientras que en 2020 fueron 221.
-95.1% es la diferencia entre los registros actuales y los del año 2019, que capitalizó con 475 homicidios intencionales durante el mismo período. La tendencia a la baja, en el número de homicidios, comenzó a registrarse desde el primer semestre del 2019; y a consolidarse a partir del mes de marzo del año 2022, con la declaración de la Guerra Contra Pandillas, y el decreto del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales.
Ricardo Sosa, criminólogo salvadoreño, sostuvo el pasado 7 de enero que el gobierno de Bukele llegará a reportar su primer año sin homicidios, antes de que éste llegue a su cuarto año presidencial; es decir, antes del 1 de junio de 2023. El experto en seguridad refiere a las cifras acumulativas de los días sin homicidios; de las que apenas deberían registrarse 53 días sin homicidios más.
Detenidos y centros penales
61,199 personas forman parte del sistema penitenciario, sólo durante el Régimen de Excepción. El dato se basa en la última divulgación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), durante la segunda semana del mes de febrero; y responde a la sustracción de 3,313 personas, de las 64,512 totales, que han sido liberadas bajo medias alternas a la detención, o bajo el sobreseimiento de las causas penales que justificaron previamente su arresto hasta el pasado 6 de enero.
ContraPunto estima que hasta 97,728 personas están bajo prisión. El dato se extrae de las 36.429 personas detenidas durante los años 2020 al 2021, en adición a las 61,199 del año 2023 a los 57 días transcurridos del año 2023, de acuerdo con informes del MJSP y de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Sin embargo, de los 27 centros penales activos, incluido el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), se estima una capacidad instalada de 70,864 reos.
PNC estima que, hasta marzo de 2022, se identificaban unos 76,600 miembros activos de maras y pandillas. Ello implicaría que, hasta la fecha, existirían cerca de 15,401 pandilleros que aún siguen libres. La detención de los pandilleros restantes tendría un impacto en el registro de la población penitenciaria, así como en la sociedad salvadoreña y la percepción de la violencia.
Por otra parte, MJSP confirmó el traslado de los primeros 2,000 detenidos, al Cecot la semana pasada; mientras que las autoridades penitenciarias ejecutan estrategias de inserción social que reducen las penas de los reos de confianza. Respecto al primer hecho referido, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, declaró que “los pandilleros que tenían jerarquía y a quienes se les ha comprobado que han cometido asesinatos son los que estarán en el Centro de Confinamiento del Terrorismo”.
Organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal, involucran al gobierno salvadoreño en la muerte de al menos 90 personas en los centros penales. La Fiscalía General de la República (FGR), en su informe divulgado ante la Comisión Contra la Tortura (Cat, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sostuvo que en sus investigaciones preliminares, no existirían implicaciones de muertes perpetradas por agentes de seguridad del Estado; mientras que el titular del MJSP, Gustavo Villatoro, añade que han existido muertes relacionadas con padecimientos crónicos.
Lo cierto es que los registros de centros penales se han reducido con el tiempo, un hecho que ha sido reiterado por Bukele, en al menos dos conferencias de prensa. La DGCP y el MJSP, como se ha informado, identifica las 90 muertes en centros penales de 2022; pero cifra sería ligeramente inferior a las 94 ocurridas en 2020. Al mismo tiempo, ambas cifras son menores respecto a las 108 del año 2019; y también son superadas con las 130 del año 2018.
