El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, está bajo el acecho de una industria que busca extraer metales preciosos a costa de la destrucción de bosques, de la contaminación de ríos y de la vida de la población, la minería metálica es una actividad que llevaría “al suicidio colectivo”, aseguran defensores del medio ambiente.
La minería no es un tema nuevo en el país, data de años y ya hay estragos ambientales, uno de los lugares más representativos que fue destruido por la labor minera es el Río San Sebastián, en el departamento de La Unión.
El drenaje ácido proveniente de la actividad minera realizada en el Cerro de San Sebastián, proyecto que fue dirigido desde 1968 por la multinacional Commerce Gruop, hizo que las aguas del río se tornaran color marrón y que su olor fuera a moho, la calidad del agua es pésima, según informes oficiales, por lo que no es apta para consumo humano, ni para labores domésticas.
Actualmente uno de los municipios con mayor amenaza es San Isidro, Cabañas, lugar donde ambientalistas han denunciado en reiteradas ocasiones que son víctimas de hostigamientos y amenazas a muerte por su lucha contra la minería y otros proyectos que degradan el medio ambiente. También han denunciado el asesinato de cuatro ambientalistas que se oponían a la minería, tres en 2009 y el otro en 2011.
Por esas y otras razones organizaciones ambientalistas como la Mesa Frente a la Minería Metálica ha luchado durante años por una ley que prohíba la minería. Recientemente representantes de la Iglesia Católica, de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Cáritas y alcaldes de diversos municipios del país se han unido a la lucha contra la minería y han solicitado que la Asamblea Legislativa que aprueben una ley que prohíba definitivamente la actividad minera en El Salvador.
El pasado 7 de febrero el arzobispo de San Salvador, José Luis Alas, llegó a la Asamblea Legislativa con un anteproyecto de ley para que se prohíba de forma definitiva la minería en el país.
En octubre de 2016, el arzobispo ya había hecho un llamado a los diputados durante una de sus habituales conferencias en Catedral Metropolitana, en esa ocasión expresó que “como iglesia elevamos la voz una vez más para exigir que la asamblea legislativa prohíba de una vez la minería a cielo abierto y mediante cianuro”.
Junto al jerarca católico llegó el sacerdote Jesuita, Andreu Oliva, actual rector de la UCA, quien enfatizó en que el hecho de que no exista una prohibición para la explotación minera en el país representa un “grave peligro para el medio ambiente y sobre todo al agua que el país tiene ya de manera muy escasa; entonces, que no se dejen convencer por estas empresas mineras que nos han engañado de distintas maneras”.
Recalcó que es usual que las empresas mineras recurren a la astucia para llegar a las personas de los lugares que quieren explotar y buscan alianzas para realizar sus labores.
Entre el 2000 y 2010, la dirección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía recibió 95 solicitudes, tres de explotación minera y 92 de exploración de parte de distintas empresas. Sin embargo, una moratoria administrativa emitida en 2009 ha logrado parar, momentáneamente, las concesiones.
Para los ambientalistas la moratoria no es suficiente, pues no es garantía de que más adelante no se revoque y que la minería metálica se aun hecho “es necesario que se apruebe una que la prohíba definitivamente, el oro es atractivo para las grandes empresas y con obras sociales tratan de convencer, pero su extracción destruiría a El Salvador, acabaría con la vida y el ambiente”, dijo Bernardo Belloso, presidente de Cripdes, entidad que el pasado 8 de febrero también pidió que discutan y aprueben una Ley Contra la Minería.
La titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, en una entrevista a un canal nacional, recalcó que en El Salvador no existen las condiciones ambientales para llevar a cabo la minería metálica. Y agregó que ahora “hay acuerdo entre sectores: iglesias y partidos” puede ser el momento indicado para aprobar una Ley que prohíba definitivamente la minería metálica.
