El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha solicitado al Gobierno salvadoreño que no continúen aplicando el Artículo 133 de Código Penal; que prohíbe de forma absoluta el aborto, expresado en un comunicado al finalizar la visita al que fue invitado por las autoridades del país.
En octubre de 2016 diputados del Grupo Parlamentario de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), encabezado por la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa presentaron una propuesta de reforma al Artículo 133 del Código Penal; para legislar la interrupción del embarazo por cuatro causales de salud: i) cuando la vida de la madre esté en peligro; ii) cuando no exista la posibilidad de que el feto sobrevida fuera del útero; iii) cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y/o trata de mujeres; y iv) cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y/o trata de menores de edad.
Para la defensora de derechos humanos Sara García, considera que la visita del Alto Comisionado es mucha importancia, ya que ha puesto de manifiesto la sistemática violación de derechos humanos en El Salvador, enfatizó en la penalización absoluta del aborto y las consecuencias que esta tiene en la vida y la salud de las niñas y las mujeres salvadoreñas.
Como parte de agenda el Alto Comisionado para los derechos humanos, visitó Cárcel de Mujeres en Ilopango “estoy horrorizado que como resultado de la prohibición absoluta en El Salvador del aborto, las mujeres están siendo castigadas por abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas, acusadas y condenadas de haberse inducido la terminación del embarazo”, por su parte García expresó que estas declaraciones deben ser retomadas en la discusión en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la Asamblea Legislativa donde aún continua es estudio la propuesta de reforma por cuatro causales.
El llamado esta hecho por la más alta autoridad en materia de derechos humanos, esperamos que esta perspectiva esté presente en las discusiones en la Asamblea Legislativa, además deben tomar en cuenta las diversas recomendaciones que el Estado salvadoreña ha recibido de instancias internacionales dijo García.
La como parte de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto; hay 27 mujeres en prisión encarceladas con penas hasta 30 años de cárcel, todas sufrieron complicaciones obstétricas que las llevan a perder el embarazo y que fueron criminalizadas por la ley actual.
