Existen temas controversiales cuya discusión deviene siempre en polémica. Entre estos sobresale particularmente el aborto y su posible despenalización. Evidentemente, este es un tema político porque supone derechos individuales. En la década de los sesenta y setenta el movimiento feminista manifestaba que “lo personal es político”, lo cual refiere a una concepción nueva de la política más allá de la concepción convencional de lo político. Kate Milet (1995) en su obra Política Sexual define la política como el conjunto de estrategias destinadas a mantener un sistema de dominación, con lo cual consolida una línea de análisis que identifica como centros de dominación patriarcal esferas de la vida, como la familia y la sexualidad, que por mucho tiempo se consideraron personales y privadas.
En la década de los noventas se desarrolla la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) en Cairo (1994) y la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995) en donde emergen con más fuerza las demandas por la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres especialmente. Como resultado de estas dos Cumbres mundiales los Estados se comprometieron a garantizar los derechos, haciendo énfasis en la relación entre derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, la situación de los derechos de las mujeres en América Latina es preocupante, especialmente en cuanto al acceso a servicios de aborto seguro, en donde aún existen muchas restricciones. Según datos del Guttmacher Institute, más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países en donde el aborto está altamente restringido por la ley. Este es el caso de Chile, El Savador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana, en donde el acceso al aborto seguro está prohibido totalmente. Por otra parte, en Guatemala, Brasil, Panamá o Venezuela únicamente se permite cuando se encuentra en riesgo la vida de la mujer embarazada y en muy pocos países como Cuba o Uruguay no existen restricciones en cuanto al acceso.
Pese a que en muchos países de la región el aborto no se permite legalmente para todos los casos, las mujeres están abortando por sus propios medios y, muchas veces, en condiciones inseguras que ponen en riesgo su salud y su vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que en los últimos años el 12 % de las muertes maternas en América Latina y El Caribe se debieron a abortos inseguros.
El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas a nivel mundial. En 1998 entra en vigencia un nuevo Código Penal en el cual los diputados de la Asamblea Legislativa eliminaron las tres causales en las que el aborto era permitido: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto.
En 2013, la vida de Beatriz, de 22 años, fue puesta en grave peligro como resultado de su embarazo. Este caso fue llevado a la Corte Suprema ya que los médicos consideraron que el procedimiento médico era necesario para que ella sobreviviera. Sin embargo, el proceso demoró demasiado debido a las restricciones existentes, por lo que la joven sufrió una cesárea de emergencia y el bebé murió unas horas después.
Cabe agregar que, más de 20 mujeres han ido a prisión debido a la penalización absoluta del aborto en El Salvador. María Teresa fue condenada a 40 años de cárcel por un aborto que no cometió, Sonia Tábora fue condenada a 30 años de prisión por un aborto espontáneo y Manuela murió luchando contra una legislación que oprime a las mujeres y cruelmente las condena. Según la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, las mujeres más afectadas por la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico: el 68.22% de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años.
Diversas organizaciones de mujeres y feministas actualmente demandan al Estado salvadoreño la despenalización del aborto en cuatro causales: cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro; cuando el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas; cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero; en casos de violación contra menores de edad o estupro (relaciones sexuales de adultos con menores de edad).
El pasado 07 de junio se realizó la Acción Global por El Salvador, a través de la cual muchas organizaciones, colectivos y personas alrededor del mundo se unieron para manifestar su apoyo utilizando el hashtag #Apoyo4Causales. Yo me uno a esta demanda global en la que afirmamos que la propuesta N° 1134-10-2016-1 que busca la despenalización del aborto por 4 causales en El Salvador es justa y reivindicativa para los derechos humanos, en especial a la salud y la vida de las mujeres. El Estado está obligado a garantizar la vida y salud de las niñas y mujeres en El Salvador.
