El vicepresidente Félix Ulloa explicó que desde el Gobierno están pensando cómo iniciar operaciones con una comisión internacional anticorrupción sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa.
Los procesos legislativos exigen pasar por comisiones, deliberaciones, dictámenes y votaciones. La instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES), como el mismo vicepresidente la describe, podría tardar varios meses.
“Lo que sucede es que un proyeto basado en convenios con estos organismos tendría que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa para su ratificación y eso implicaría más tiempo para que esta comisión empiece a funcionar”, manifestó Ulloa.
En Guatemala, por ejemplo, fue necesario pasar por la Asamblea Legislativa para tener a su comisión, la reconocida CICIG. Después, era el presidente quien se encargaba de aprobar o no la continuidad del mandato de la referida comisión.
Así es la legislación salvadoreña: la mayoría de los compromisos, políticos o económicos, que adquiera el Estado con una contraparte extranjera deben pasar por el aval de los diputados. Pero siempre hay vías para hacerlo más ágil.
Esto sucedió, por ejemplo, con la ley de los Asocios Públicos Privados. Cuando se aprobó la ley, el Ejecutivo tomó la iniciativa de enviar reformas para reducir el tiempo que pasaba una propuesta de asocio superando los filtros de los diputados.
Ulloa detalló que además ya han planteado este punto a la ONU y a la OEA, los dos organismos multilaterales que han montado comisiones anticorrupción en Guatemala y Honduras, respectivamente. “Tiene que haber un mecanismo intermedio entre la ratificación de los convenios por la Asamblea Legislativa, que toma tiempo y discusión, más la negociación con los organismos -que ya estamos discutiendo y negociando con ellos-“, apuntó. El objetivo es iniciar con los trabajos preparatorios de la CICIES con una relativa agilidad.
De hecho, es posible que los diputados ya tengan conocimiento de esto. Por ahora, el presidente no ha tenido inconvenientes para lograr que los diputados lo ayuden con paquetes de financiamiento. Sin embargo, un movimiento de carácter más político todavía no ha pasado esta prueba de fuego.
“Un acuerdo ejecutivo sería una de las opciones, pero estamos en conversaciones con los organismos multilaterales para que ellos también acepten y entiendan este mecanismo, que sería propio de nuestro derecho internacional”, agregó Ulloa.
Sin embargo, el vicepresidente también aclaró que no van a calcar ningún diseño, ni de la CICIG ni de la MACCIH. “La diferencia nuestra con estas dos entidades es que queremos tomar de cada una de ellas las experiencias positivas”, señaló el vicemandatario.
En Guatemala, la CICIG acumuló poder frente a los mismos presidentes, en conjunto con la Fiscalía General de la República. Las investigaciones que hicieron en conjunto llevaron a destituir y encarcelar a dos titulares en funciones: el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti. Además, destapó redes de corrupción enquistadas desde la guerra civil guatemalteca y alcanzó a identificar los empresarios que estaban favoreciendo actos de corrupción. El apoyo a la CICIG dentro de la nación vecina llevó incluso a un conflicto entre el Ejecutivo, encabezado por Jimmy Morales, y la Corte de Constitucionaldiad, el máximo tribunal de justicia en ese país.
