Víctimas de la guerra deberían ser protagonistas en defensa de sus derechos, dice B. Cuellar

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El defensor de los derechos humanos, Benjamín Cuellar, asegura que no es posible que en las manifestaciones solo asistan 10 personas cuando son miles los perjudicados por acciones de la extinta guerrilla y los cuerpos de seguridad de esa época.

Benjamín Cuellar, miembro de la organización VIDAS-Víctimas Demandantes, sostuvo que el nuevo plazo que ha solicitado la Asamblea Legislativa para poder diseñar la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, es una oportunidad para que las víctimas del conflicto armado tengan un verdadero protagonismo para que justicia ante los atropellos que hizo la guerrilla y las Fuerzas Armadas antes y durante la Guerra Civil Salvadoreña.

Para el abogado, es momento que las víctimas dejen a un lado el miedo y hagan una verdadera presión tras décadas que el Estado Salvadoreño ha mantenido en impunidad estos casos y que no ha llevado a una condena a los implicados de violaciones de los derechos humanos.

¿Cómo evalúa el nuevo plazo que han solicitado los diputados para poder diseñar la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional?

La Asamblea tiene tres años y cuatro meses de incumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía General, mal llamada para la Consolidación de la Paz. Por ejemplo en la masacre del Sumpúl que se habla de más de 800 víctimas, fue en 1980 y el conflicto inicia en 1981. El asesinato de monseñor Romero fue en 1980, entonces es emblemático de que a punto de cumplirse 40 años de estos dos hechos que acabo de mencionar, todavía se esté discutiendo en la Asamblea, el no que hacer sino como hacer, el que hacer ya lo tiene claro que es el proteger a los perpetradores, cómplices y financistas; lo que no tienen claro es como hacerlo porque estamos vigilantes para que no se vaya a caer en lo mismo.

¿Entonces los diputados tienen más interés de defender a los victimarios que una verdadera Ley Restaurativa?

Es a lo que me refiero. Para la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos que la integran, la centralidad son los victimarios no la justicia y que no vengan partidos hipócritas a decir que vienen con la cubierta de que apoyan la propuesta hecha por algunas organizaciones, antes no la apoyaban. Cuando nosotros conseguimos la declaración de sentencia de Inconstitucionalidad nos criticaron fue el partido de gobierno que en esa época era el FMLN, este es un juego de máscaras y cuando quitan la máscara aparece la cara real.

¿Esto es una nueva oportunidad para las organizaciones sociales para defender a las víctimas?

Yo me atrevo a decir que las víctimas no necesitan que alguien las defienda, sino que tienen que ser protagonistas en la defensa de sus derechos. Las organizaciones sociales solamente tienen que apoyar técnicamente y acompañar técnicamente, pero no representar a nadie.

Entonces, no es una nueva oportunidad para ello, sino que es una nueva oportunidad para que se busque este protagonismo de las víctimas, no puede haber plantones de 10 gentes frente a la Asamblea Legislativa, tienen que ser miles de víctimas. Es de ver como de manera creativa con imaginación e inteligencia se convoca para que defiendan sus derechos.

¿Cree que los diputados están acorralados con las acciones de las organizaciones sociales?

No ¿Cuáles organizaciones sociales? Si solo diez gentes llegan a los plantones, esa no es ninguna presión. Tenemos que buscar la forma de como el obtiene el protagonismo de las víctimas y ahí hay que apuntar.

¿Y los recursos que han interpuesto?

Los recursos lo hemos puesto nosotros y no soy organización social ni representante de nadie. Las demandas para prorrogar y demanda de inconstitucionalidad las hemos puesto junto a Pedro Martínez, abogado, que trabajamos en proyecto VIDAS y no representamos a nadie, acompañamos a las víctimas que es diferente.

¿Esto ha servido de material para poder acorralar a los diputados para que acaten la orden de la Sala de lo Constitucional?

Ya no vamos a pedir más prorrogas, es la última que pedimos, lo siguiente será denuncia penal en la Fiscalía General de la República por desobediencia en mandato judicial y por incumplimiento de deberes.

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