Por: Carlos Castillos
Mientras los presidentes del Mercosur realizaban, virtualmente, una nueva cumbre semestral, que profundiza las diferencias entre los socios regionales, organizaciones populares de Uruguay anunciaron que se juntaron 763.443 firmas para habilitar un referéndum contra 135 cuestionados artículos de una Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada por el gobierno del presidente, Luis Lacalle Pou.
Estos hechos, en medio de la pandemia del Covid-19, que parece ir cediendo, profundizan las grietas en lo interno y a nivel regional, sin que se vislumbre alguna salida que permita un entendimiento entre las partes y que encamine al país hacia soluciones más apremiantes de la población.
En medio de una gran algarabía popular, una llamada “Comisión Nacional Pro Referéndum”, encabezada por la central sindical PITCNT, anunció hoy que se superó ampliamente la cifra de 650.000 firmas necesarias para llevar a consulta popular los 135 artículos de los 476 que tiene la LUC.
Luego del anuncio en rueda de prensa, en la sede del PITCNT, se organizó una caravana desde diferentes puntos de Montevideo, la capital del país, para dirigirse a la sede de la Corte Electoral, que es el organismo responsable de organizar las consultas populares, incluyendo plebiscitos y elecciones nacionales y municipales.
La LUC fue promulgada en julio del 2020 e introduce modificaciones a normas vigentes sobre seguridad pública, educación, trabajo, salud, soberanía, economía (empleo, alquileres, salarios, tarifas), finanzas, comunicaciones, agro, seguridad social, vivienda y tecnología, entre otros asuntos.
La Corte Electoral dispone de 150 días para verificar esas firmas y después de 120 días más para organizar el referéndum, recordó la ex diputada Ana Lía Piñeyrúa, que integra ese organismo de contralor uruguayo.
Esta movilización popular, mayoritariamente opositora al actual gobierno de Uruguay, deja en evidencia la grieta existente en el país, de 3,2 millones de habitantes, donde gobierna una mayoría con una coalición de centroderecha, y en la vereda de enfrente marca su presencia un conglomerado opositor, progresista, de centroizquierda, que gobernó el país, ininterrumpidamente, entre 2005 y 2020, y que parecía debilitado, tras perder el gobierno en las elecciones de noviembre del 2019.
El presidente Lacalle Pou y sus aliados tienen abierto otro frente de desacuerdos a nivel regional. Lacalle Pou sorprendió hoy en la Cumbre de presidentes del Mercosur al insistir con la idea que su gobierno avance en acuerdos con otros países, fuera del Mercosur, cuando esa posibilidad está expresamente regulada por los Tratados que se han firmado y que determinan la necesidad del consenso.
Lacalle aseguró que este anuncio “no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso” y agregó: “El mundo ya va muy rápido, se está entrelazando comercialmente. El Covid y el final del mismo va a hacer que estas negociaciones se disparen. El mundo avanza hacia allá y no nos va a esperar”, declaró.
Su posición parece ser acompañada por Brasil y Paraguay, pero Argentina no está de acuerdo. El presidente argentino, Alberto Fernández, que presidió la Cumbre, advirtió que “nadie se salva solo” y explicó que su gobierno sostiene propuestas coincidentes con el artículo primero del Tratado de Asunción, del año 1981, que dio origen a este bloque de integración regional.
Fernández abogó para que se preserve el principio de la política comercial común. “Esto implica que las negociaciones deben iniciarse y concluirse de manera conjunta”, indicó.
“Creemos que el camino es cumplir con el Tratado de Asunción, negociar juntos con terceros países o bloques y respetar la figura del consenso, con base en la toma de decisiones en nuestro proceso de integración”, dijo también Fernández.
Así planteadas la cosas, es una incógnita el futuro inmediato de Uruguay y del Mercosur.
