Por Francisco Martínez
En un país como el nuestro donde el Estado fue secuestrado por los intereses de las elites y se normalizó el “ejercicio corrupto de la política”; organizar un nuevo orden requería una revolución y la acción política subsecuente para recuperar la razón del Estado implica el uso de la legitima violencia, eso es lo que expresa el régimen de excepción vigente en El Salvador por tercer mes consecutivo.
El diagnóstico país y la percepción ciudadana, mostraba desde varias perspectivas y desde inicios de este siglo, que la delincuencia pandilleril era un problema nodal, que junto con un modelo económico social excluyente y una matriz económica que produce bienes y servicios de bajo valor agregado, eran los muros que evitan romper las cadenas del subdesarrollo, acentuando los privilegios de pocos y condenando a la precariedad continuada de nuestra gente.
Pero, mover esos muros implica entender las dinámicas de causa efecto, los actores con el mapa de intereses y su presencia, incidencia y poder sectorial y territorial; y, particularmente dar respuesta al problema de forma proactiva y con visión de futuro.
En ese sentido, lanzarse a derrotar a las pandillas organizaciones criminales definidas por resolución de la Sala de lo Constitucional como grupos terroristas, era una tarea impostergable. Romper la inercia cómplice de cohabitación con las pandillas de los gobiernos anteriores era la mejor opción.
El “sentimiento de tranquilidad” en las comunidades, en los barrios populares, en la vía pública que la población va sintiendo y que empezará a hacer suyo hasta que nuevamente la asuma como un bien de vida, es lo que revelan las encuestas de los últimos días.
Suelo preguntar en mis charlas a los participantes cuál es su actitud ante la presencia de uno o varios pandilleros, la respuesta es de temor, de impotencia, de querer que la tierra se lo trague a uno, de pasar rápido, de bajar la cabeza, en general de terror. Y a eso nos habían condenado a convivir.
Con la recuperación del control de los territorios surgirán a la luz verdaderas historias sangrientas como si de guiones de series de terror se tratase. Debemos formular la política pública adecuada para preparar nuestra resiliencia social ciudadana que permita atenuar el impacto emocional de esos horrendos hechos de barbarie.
El Presidente y sus ejecutivos del Plan control Territorial están por dar el parte a la nación de: Misión Cumplida. Pero ese anuncio será una fase que deberá integrarse a la visión de desarrollo que se planteó para el nuevo El Salvador.
Consolidar el control de esos territorios, implica por un lado la premisa de pandilleros nunca más. Y en esa tarea de prevención, el Estado deberá sustituir el control militar por la seguridad ciudadana en donde la población empoderada y con valores de convivencia y respeto a la ley será la clave.
La perdurabilidad de ese control y de esa nueva convivencia requieren de inversión en infraestructuras sociales, viviendas dignas, espacios culturales, instalaciones deportivas, centros de formación vocacional-profesional y crear redes comerciales de ecosistemas productivos.
Si los cálculos son acertados, el país dejará de drenar al crimen organizado cerca de 3, 500 Millones de dólares. Esa es la masa potencial de recursos monetarios que pueden ser factor de inversiones para crear esa nueva arquitectura comunitaria de desarrollo económico. Y en términos fiscales eso puede significar 600 millones de dólares en nuevos ingresos públicos.
El discurso del tercer año de gestión del Presidente Bukele se centró en los resultados de la guerra que está por declarar ganada a las pandillas. Eso fue así, porque ese es, en el concepto estratégico del gobierno, el tema big bang de su Plan Cuscatlán remozado, ya adaptado y mejorado conforme la realidad post pandémica, de la disputa geoestratégica y de crisis de subsistencia humana a la que nos enfrentamos (una especie de Plan Marshall para El Salvador).
La acción es envolvente, holística y en sincronía porque a la vez se ejecutan y estimulan diferentes iniciativas públicas, publicas-públicas, publico-privadas y privadas, para empujar hacia el cambio de la matriz productiva que genere oportunidades de inversión y empleos de calidad.
De allí la trascendencia de recuperar la razón del Estado y la de imponer el bien común como divisa de actuación de lo público y de los privados.
Por ello es previsible que se avance hacia la nueva institucionalidad, marcos regulatorios nuevos desde una nueva Constitución (reformada en todo lo reformable), nuevas formas organizacionales en la arquitectura estatal y nuevas formas de interacción Estado-Sociedad.
He sostenido en los últimos años un debate sobre el fenómeno político de Bukele y el bukelismo, con académicos, políticos, ex compañeros de lucha político-militar, líderes sociales, luchadores sociales, militantes del cambio, seguidores unos, escépticos algunos y antibukeleanos otros.
A todos he señalado, la importancia de leer la actual coyuntura más allá de los preconceptos de izquierdas o derechas, que veamos lo que hoy sucede como una continuidad histórica de las luchas de nuestro pueblo y más que estar a favor, ignorar o estar contra de Bukele, debíamos poner en la mesa de la política y reclamar nuestra histórica agenda: Bienestar social y económico de nuestra gente; un país productivo, soberano e independiente; una sociedad libre con justicia social; una economía creciente, inclusiva, sostenible y adaptada a la técnica, a las tecnologías digitales y al cambio climático. Un país prospero con igualdad de oportunidades para todos y todas.
