El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, en inglés) informó ayer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) tiene prohibido conceder citas para nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegado en la Infancia (DACA, en inglés). Esto lo hace en cumplimiento con el fallo del viernes pasado del juez federal de estado de Texas, Andrew Hanen, quien dictaminó sobre la ilegalidad del proyecto por -según él- violar la legislación para ser creado.
Esto acaba con la brecha que veían defensores de los inmigrantes, que habían llamado a seguir enviando nuevas solicitudes del DACA a pesar de que USCIS no podía procesarlas. La esperanza era que el presidente Joe Biden o el Congreso proveyeran una vía legal para volver a dar vida a los nuevos solicitantes. Alrededor de 60,000 jóvenes han sido afectados con esta decisión.
La USCIS aclaró el lunes que cumplirá con la orden y que buscarán la vigencia de DACA, se «trabajará en la publicación de una Notificación de Reglamentación Propuesta diseñada para reforzar y fortalecer a DACA», adelantó.
«Todas las personas cuyas solicitudes de DACA fueron concedidas antes de esta decisión tendrán y seguirán siendo elegibles para renovar su DACA, y para solicitar permiso adelantado, de acuerdo con la orden judicial. El USCIS proporcionará guías operacionales específicas adicionales en los próximos días», publicó en un comunicado.
El Gobierno dijo que cumplirá con la orden del juez, pese a que dos días antes el presidente Joe Biden había anunciado que apelaría a un fallo judicial para que los «soñadores continuaran con su protección».
Más de 600,000 jóvenes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños han logrado estudiar y trabajar por medio del proyecto, incluso la USCIS reconoce que «los receptores de DACA son estudiantes, miembros del servicio militar, trabajadores esenciales, y parte de nuestras comunidades en todos los sentidos, formas y maneras».
