La masacre cometida por pandilleros en San Juan Opico, en el occidental departamento de La Libertad en El Salvador, ha tenido justicia penal. Un tribunal de sentencia condenó a 40 años de cárcel a siete de nueve pandilleros que ejecutaron el 3 de marzo de 2016 aquel acto de barbarie; los otros dos victimarios ya habían recibido penas en tribunales para menores de edad, que oscilan entre 5 y 10 años de internamiento. Sin embargo, el castigo de la justicia institucional no borra de la mente de esta sociedad las imágenes tétricas de la ejecución de 11 trabajadores inocentes.
El asesinato múltiple de aquel día fue filmado con un teléfono móvil por uno de los criminales. Casi dos meses después del hecho se “filtró” el video y se aprecia a dos pandilleros dando machetazos a las víctimas que estaban tirados en la tierra, boca abajo y con las manos amarradas a la espalda. Caso inaudito, “salvaje e irracional”, como lo calificó entonces el vicepresidente salvadoreño Oscar Ortiz.
El Salvador vivió entre 1980 y 1992 una guerra atroz. Las fotos de los campesinos masacrados revelaban la barbarie que no tenían nada que envidiar a las muertes en masa que los soldados estadounidenses cometieron en Viet-Nam. No han faltado las comparaciones de las masacres de My Lai, en territorio asiático, con El Mozote, en tierras salvadoreñas.
Sin embargo, observar una filmación en el instante en que están ejecutando a machetazos a las víctimas y distribuir esas imágenes por las redes sociales de Twitter, coloca a esta sociedad en nuevas dimensiones de actos inhumanos.
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“Fue impactante por varias cosas: no es lo mismo ver un muerto que once; además, once personas que eran trabajadores inocentes sin ninguna vinculación con las pandillas y sus guerras; lo otro fue la difusión del terrorífico video que captaba y exhibía el momento de un degollamiento y con el resto de víctimas esperando la muerte”, dijo el destacado experto en derechos humanos, Benjamín Cuéllar.
El abogado salvadoreño recordó aquel acto impactante, ejecutado por los pandilleros, el cual estremeció a esta Nación: el incendio de un autobús con 15 pasajeros adentro. Hecho ocurrido en la localidad de Mejicanos, en junio de 2010. Los pandilleros detuvieron al vehículo, lo rociaron de gasolina, dispararon y le prendieron fuego. La prensa local e internacional tomó imágenes cuando el microbús aún se quemaba y humeaba con los cuerpos carbonizados.
Los condenados este miércoles a 40 años (35 por homicidio agravado y 5 por pertenecer a agrupaciones ilícitas) fueron siete pandilleros de la autodenominada banda Barrio 18 Revolucionaria. Una de las pandillas más temibles en El Salvador, rival de la no menos salvaje Mara Salvatrucha (MS-13), ambas fundadas en los barrios bajos de la ciudad estadounidense de Los Ángeles en la década de 1980, cuando los salvadoreños migraban huyendo de la guerra civil.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un testigo con calidad de protegido, quien dio detalles de la masacre, incluso aseguró que los hechos se cometieron por "equivocación", creyendo que mataban a miembros la pandilla rival Mara Salvatrucha (MS). En el proceso judicial este testigo fue descalificado por el tribunal de sentencia, quien valoró en vez del testimonio, las pruebas científicas que recabaron los investigadores.
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Las víctimas: ocho empleados de una empresa eléctrica y tres jornaleros agrícolas, éstos últimos ejecutados para “no dejar testigos”, pagaron caro y dolorosamente la posguerra salvadoreña; una confrontación que casi nadie entiende, internamente y en el extranjero. Este miércoles también fue día de masacres: tres mujeres, dos hombres y un niño, fueron sacados de su vivienda en San Miguel, al oriente del país; fueron conducidos a una calle de tierra y asesinados con “tiros de gracias”. Sus cuerpos aparecieron apiñados con las manos amarradas a la espalda.
