Las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se vieron envueltas en una jornada de despidos y protestas, que obedecen a diferentes circunstancias.
El magistrado Noel Orellana confirmó que despidieron a cuatro personas, quiénes se les habría comprobado su participación en el hurto de una bodega de la institución, el pasado 30 de noviembre.
“Nos comprometimos a hacer una investigación administrativa para deducir las responsabilidades de aquellas personas que directamente estaban obligados a resguardar estos bienes de la institución. Efectivamente se pudo constatar que hubo negligencia de parte de cuatro jefaturas del TSE, un encargado y por consiguiente ya no gozan de la confianza de la institución”, explicó el magistrado.
Los cuatro despedidos son: Fermín Grande, director administrativo; Carlos Rene Guzmán, jefe de activo fijo; Antonio Mendoza, jefe de infraestructura y servicios generales; Óscar Turcios encargado de almacén y Armando Marroquín jefe del Departamento Administrativo.
Agregó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quienes deberán deducir los responsabilidades penales.
El magistrado explicó que en la investigación se ha revelado que las personas responsables se presentaban a trabajar una o dos veces por semana, además que la cámara de seguridad que vigilaba el inmueble de donde fue sustraído equipo tecnológico, médico y otros insumos, “casualmente estaba desconectada”.
«Es importante sentar este precedente, la disciplina y la responsabilidad que debe existir de cada una de las jefaturas y los empleados de este tribunal» afirmó Orellana.
Por otra parte, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (STRATSE) denunciaron amenazas de despidos en contra de más de 20 personas sin darles el derecho de audiencia y defensa, y sin seguir los procedimientos de ley.
Manifestamos nuestro desacuerdo con las acciones ilegales emprendidas por las autoridades del TSE en contra de los trabajadores.
“La forma en la que se esta procediendo no es legal, ni correcta. Estamos ante decisiones administrativas encaminadas a despojar de su empleo, el medio honrado de llevar el sustento. Si ya no quieren a esos trabajadores en la institución y existe efectivamente causa legal para no quererlos laborando interpongan las demandas, pero no pueden despedirlos de sus empleos sin procedimiento alguno”.
denunció el sindicato a través de un comunicado.
De acuerdo con el sindicato, unos 24 trabajadores de la institución han recibido ” notificaciones verbales” que no se les renovará el contrato para el año 2022, esa decir, que serán despedidos al finalizar el año, cuatro de los 24 trabajadores han sido “advertidos verbalmente” sobre su despido, son señalados a priori de la responsabilidad del robo en la bodega.
La advertencia verbal realizada a cuatro trabajadores del área administrativa, a quienes a priori pretenden atribuirles la responsabilidad del hurto en la bodega, asegurándoles la semana pasada que llegaran laborando hasta diciembre de este año, en otras palabras que serán despedidos sin respetar el derecho de respuesta y audiencia”.
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral.
Asimismo, se refirieron a un acuerdo del Organismo Colegiado que suprimió plazas de trabajadores de las regionales y departamentales de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica, bajo el argumentó de una “reestructuración”, dijo el sindicato.
Aseguraron en su denuncia que los acuerdos del Organismo Colegiado, no tiene asidero legal, en cuanto a la supresión de una plaza.
