Alonso Rosales
La Corte Suprema de Estados Unidos evalúa si escuchará la apelación del presidente Donald Trump para revivir su polémica orden ejecutiva que intenta negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal. La medida, bloqueada de forma unánime por tribunales inferiores, podría afectar a más de 300,000 bebés que nacen cada año en Estados Unidos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal, según estimaciones demográficas citadas por organizaciones de derechos civiles.
La reunión privada del máximo tribunal, prevista para este viernes pasado , definirá si el caso se discutirá en primavera, con una posible sentencia para el verano. De aceptarlo, sería la primera vez que la Corte Suprema analiza de fondo una política migratoria del segundo mandato de Trump.
La orden presidencial buscaba revertir más de 125 años de jurisprudencia y práctica constitucional, al reinterpretar la Enmienda 14, específicamente su Cláusula de Ciudadanía, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos […] son ciudadanos de los Estados Unidos”. Los tribunales inferiores han concluido que la orden viola directamente esta disposición, redactada tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a las personas negras y a los antiguos esclavos.
Además, expertos constitucionales han señalado que la orden también contraviene el Artículo II de la Constitución, que limita el poder del Ejecutivo e impide que un presidente modifique unilateralmente garantías constitucionales sin intervención del Congreso ni reforma formal. Asimismo, al intentar alterar un derecho consagrado en la Constitución mediante orden ejecutiva, la medida también ha sido cuestionada bajo el Artículo VI, que establece la supremacía constitucional frente a actos del gobierno.
A pesar de los reveses judiciales, la Administración Trump ha apelado dos casos clave: uno en el Noveno Circuito —que determinó que se requería una orden judicial de alcance nacional para evitar un mosaico legal caótico— y otro en New Hampshire, donde un juez federal bloqueó la medida en una demanda colectiva que abarca a todos los menores potencialmente afectados.
Organizaciones como la ACLU han urgido a la Corte Suprema a rechazar la apelación, argumentando que los “fundamentos legales de la Administración son extremadamente débiles”. No obstante, si el tribunal decide tomar el caso, prometen una batalla jurídica histórica.
El intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento ha sido interpretado por defensores de migrantes como parte de una campaña más amplia contra las comunidades inmigrantes, acompañada de redadas agresivas, expansión de controles migratorios y uso de leyes antiguas para acelerar deportaciones. De entrar en vigor, su orden ejecutiva no solo privaría de ciudadanía a cientos de miles de recién nacidos cada año, sino que sentaría un precedente sin precedentes para limitar derechos constitucionales adquiridos.
En un país fundado sobre principios de igualdad ante la ley y ciudadanía inclusiva, la Corte Suprema tiene ahora en sus manos determinar si esos principios prevalecen o si se permitirá que una interpretación radical del Ejecutivo redefina quién puede ser estadounidense.
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