Elaine Duke, ex secretaria adjunta de Seguridad Nacional del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que éste propuso "desinvertir" o "vender" el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tras ser azotado por el huracán María en 2017, según lo revela este sábado en una entrevista con The New York Times.
"Las ideas iniciales del presidente fueron más las de un hombre de negocios", explica Duke. "¿Podemos externalizar la electricidad?, ¿podemos vender la isla?, ya sabes, ¿o desinvertir en ese activo?", habría dicho el mandatario estadounidense. No obstante, la exfuncionaria precisó que esa sugerencia nunca fue considerada o discutida en serio.
La exfuncionaria asegura que antes de que el huracán tocara tierra en Puerto Rico abogó por una declaración de emergencia en el territorio, pero que el entonces director de presupuesto de Trump, Mick Mulvaney, se negó. "Deja de ser tan emocional, Elaine. No se trata de la gente, se trata del dinero", le habría dicho Mulvaney, que ha negado haber hecho tales declaraciones.
Aunque Duke reconoce que se sintió contenta cuando, al día siguiente, el presidente estadounidense expresó su preocupación por el pueblo puertorriqueño, dicho sentimiento se tornó en frustración poco después debido a que Trump intercambio tuits enojados con los políticos de la isla. "Toda la energía negativa es una distracción", sostiene.
Por otro lado, la ex secretaria adjunta de Seguridad Nacional afirma en la entrevista que la actual Administración a menudo se mueve por ideología en lugar de la deliberación, y que el presidente adopta un lenguaje "lleno de odio, enojado y divisivo". Duke confiesa que no sabe si votará por Trump en elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.
Por otra parte, aunque asegura que apoya los esfuerzos del inquilino de la Casa Blanca por reforzar la seguridad migratoria, lamenta que la filosofía de Trump de "América primero" se haya desviado hacia el "Solo América". En este sentido, critica la política de separar a las familias a lo largo de la frontera, que su sucesor aprobó meses después de que ella abandonara el cargo. "Una de las formas en que tenemos espacio para ayudar a la gente es a través de nuestro sistema de inmigración", afirma.
Por último, la exfuncionaria piensa que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) "no es un programa legal", a pesar de que en 2017 ella misma firmó —bajo presión— un memorando para finalizarlo. "Es una decisión grave, no solo desde un punto de vista legal, sino por el efecto que tendrá en […] 700.000 personas y sus familias", concluye.
