Por Alonso Rosales (*)
El episodio diplomático más reciente ha confirmado lo que muchos venían denunciando: Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha decidido intervenir abiertamente en los asuntos internos de Brasil. Esta vez, el blanco ha sido el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien fue incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro estadounidense mediante la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, que congela bienes, prohíbe transacciones y además fue acompañado de una revocación de visa para él, su familia y aliados judiciales
Las medidas se justifican alegando que De Moraes encabezó una “caza de brujas ilegal” contra Jair Bolsonaro: detenciones arbitrarias, censura de redes sociales e influencias sobre empresas estadounidenses para reprimir la libertad de expresión, incluso de ciudadanos dentro de EE. UU. Esta narrativa fue descrita como una “campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias [y] procesos politizados” por el Secretario del Tesoro Scott Bessent
Por su parte, el Secretario de Estado Marco Rubio, a través de una publicación en X, sostuvo que Moraes “creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos básicos de los brasileños sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil para atacar a estadounidenses”. Rubio agregó que esta medida incluye también a jueces aliados y familiares del magistrado
Estos movimientos se enmarcan en una escalada que incluyó además un arancel del 50 % sobre las exportaciones brasileñas, en respuesta al juicio a Bolsonaro, y en apoyo explícito de Trump a su aliado político
Desde Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con firmeza. Lula calificó las medidas como “violación de la soberanía” y rechazo categórico a lo que llamó una intimidación de EE. UU. hacia Brasil, insistiendo en que el Poder Judicial brasileño es plenamente independiente y reacio a cualquier injerencia externa. La corte suprema de Brasil defendió al juez De Moraes, y otras voces del alto tribunal expresaron solidaridad ante lo que consideran una agresión injustificada.
Análisis crítico
- Trump no actúa aquí como un aliado de Bolsonaro por amistad, sino como su lacayo político: el interés imperial supera cualquier vínculo moral.
- La inclusión de De Moraes en la lista del Tesoro no refleja una verdadera preocupación por derechos humanos, sino una jugada política: atacar a quien aplica la justicia contra un aliado del expresidente estadounidense.
- La lógica es clara: si no se somete judicialmente a instituciones soberanas, se les sanciona económica y diplomáticamente.
- ¿Se imagina Trump recibir una carta de mandatarios latinoamericanos que aún defienden dignidad—como Gustavo Petro, Gabriel Boric, o Lula—exigiendo que se le inicie un proceso de antejuicio en EE. UU. por su escándalo vinculado a la lista Epstein? Él mismo quedaría expuesto sin autoridad moral para señalar a nadie, tras haber asignado millonarios contratos a sus financistas de campaña para financiar políticas de persecución migratoria.
- Esa hipótesis no es farandulera: los contratos mencionados fueron informados en medios internacionales recientemente como parte del entramado legal que rodea a Trump y su financiación electoral.
En síntesis, esta acción demuestra que Trump no es un líder de principios, sino un tipo ególatra que se cree emperador de intereses: impone sanciones arbitrarias para defender a favor de acusados como Bolsonaro, mientras viola la soberanía de otras naciones sin remordimientos.
(*) Observador internacional
Fuentes principales
- Sanciones del Tesoro de EE. UU. a Alexandre de Moraes bajo la Global Magnitsky Act AP News+8U.S. Department of the Treasury+8Vox+8
- Restricción de visas por parte del Departamento de Estado y declaraciones de Marco Rubio en X Al Jazeera
- Carta de Trump anunciando aranceles al 50 % a Brasil, vinculado al juicio contra Bolsonaro AP Newsft.comtheguardian.com
- Reacción del gobierno de Lula y defensa de la independencia judicial en Brasil Al JazeeraReutersft.com
