Por Alonso Rosales
En pleno 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado su ofensiva contra las llamadas ciudades santuario. En un mensaje reciente, Trump exigió al Congreso que apruebe de inmediato una ley para “erradicar las ciudades santuario”, a las que responsabilizó por lo que él denomina “caos” en ciudades como Minneapolis y otras jurisdicciones con políticas migratorias más humanitarias.
Para Trump, las ciudades santuario —que limitan o prohÍben que las autoridades locales colaboren con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)— representan un obstáculo para el cumplimiento de la ley federal y una fuente de inseguridad pública.
Pero ¿qué significa realmente esta propuesta para los inmigrantes, para el sistema legal de EE. UU. y para los derechos humanos?
¿Qué son las ciudades santuario?
Las ciudades santuario no son “territorios independientes”; son jurisdicciones (ciudades, condados o estados) que han limitado la cooperación de sus fuerzas del orden con autoridades federales migratorias, sobre todo en detenciones y entrega de personas para deportación.
Estas políticas nacieron en la práctica como una respuesta local a lo que muchas comunidades consideran políticas migratorias demasiado duras y una forma de proteger a inmigrantes indocumentados de detenciones arbitrarias.
¿Qué tan viable es erradicar legalmente las ciudades santuario?
Federalismo y separación de poderes
Los Estados Unidos funcionan bajo un sistema de federalismo, donde los gobiernos estatales y locales tienen autonomía para gobernar muchos asuntos internos. Esto incluye políticas de orden público y cooperación con agentes federales. La Constitución no otorga al presidente una autoridad ilimitada para imponer políticas migratorias dentro de los estados o ciudades.
Históricamente, cuando la Casa Blanca ha intentado forzar la cooperación de jurisdicciones santuario (por ejemplo, condicionando fondos federales), tribunales federales han bloqueado esas acciones por considerarlas inconstitucionales o excesivas.
Esto se explica porque la Constitución de EE. UU. limita al gobierno federal en su capacidad de coaccionar a estados y municipios: la cooperación en seguridad suele ser voluntaria, y los tribunales han sostenido que no puede obligarse a jurisdicciones a ejecutar la ley federal.
¿Está Trump actuando como si fuera rey? ¿Viola derechos humanos?
Uso excesivo de fuerza y abusos por parte de ICE
En Minnesota, una operación federal —denominada Operation Metro Surge— ha generado una crisis política y social. Miles de agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza fueron desplegados en Minneapolis para hacer cumplir leyes migratorias.
Durante estas operaciones, dos civiles estadounidenses —Renée Good y Alex Pretti— murieron por disparos de agentes federales, en medio de protestas contra las redadas migratorias.
Este tipo de incidentes graves —especialmente cuando las víctimas no eran personas armadas ni representaban una amenaza evidente— han encendido las alarmas de grupos de derechos civiles, que consideran que la administración está empleando tácticas represivas y potencialmente inconstitucionales.
Derechos humanos y migración
El derecho a migrar, a solicitar asilo y a no ser arbitrariamente detenido o deportado está recogido en diversas convenciones internacionales y principios de derechos humanos. En Estados Unidos, aunque la migración irregular es una violación administrativa de la ley federal, no es un delito penal en sí misma, y los migrantes tienen derecho a debido proceso ante cortes migratorias.
Acusar a Trump de violaciones de derechos humanos no es solo retórica política; organizaciones como la ACLU han demandado al gobierno por supuestas detenciones sin orden judicial, detenciones arbitrarias y violaciones al derecho de reunión y protesta.
Legalmente, el presidente no tiene autoridad para anular la Constitución o ignorar la separación de poderes. Sin embargo, las acciones ejecutivas agresivas y la retórica autoritaria de Trump han generado preocupación entre muchos juristas por un posible desequilibrio entre el poder ejecutivo y las protecciones constitucionales de individuos y jurisdicciones locales.
Implicaciones más amplias
Para inmigrantes
- Mayor miedo, inseguridad y riesgo de detención arbitraria.
- Posible aumento de deportaciones sin garantías procesales.
- Tensiones con familias, redes laborales y servicios sociales.
Para el federalismo
- Posible enfrentamiento legal permanente entre ciudades/estados y el gobierno federal.
- Mayor litigio ante tribunales federales por violaciones constitucionales.
Para los derechos humanos
- Riesgo de erosión de derechos civiles y políticos.
- Mayores demandas por abusos policiales y maltrato en detenciones.
- Presión internacional por respeto a obligaciones de derechos humanos.
FUENTES , EL TIEMPO , EL PAIS , THE GUARDIAN ,FRANCE 24
