Miembros de la Unidad Sindical y Movimiento Social de El Salvador que aglutina a más de 50 organizaciones sindicales, presentaron este miércoles una nueva propuesta para la reforma de sistema de pensiones, que recoge entre otras cosas, incluir a trabajadores sin contratos laborales, comerciantes del sector informal, y que la administración del sistema de pensiones recaiga en una entidad autónoma tripartita.
De acuerdo con la propuesta, la administración de las pensiones del país deberá ser administrada por una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Hacienda, conformada por el Gobierno, sector privado y trabajadores.
“Sabemos que la situación del sistema previsional que vive el país es delicada pero estamos dando la salida. No estamos descargando la responsabilidad del pago de pensiones al Estado, sino que será un Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social el responsable de recibir las cotizaciones de los trabajadores”, dijo Israel Montano, miembro de dichas organizaciones laborales.
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La nueva alternativa, también contempla medidas como aumentar la pensión vitalicia a $300 dólares; una tasa de reemplazo del 50% al 60% para quienes ganan menos de $600 dólares y bajar el cobro de comisión del 17% actual al 9.5%, entre otras.
Asimismo, contempla ampliar la cobertura incorporando a sectores laborales que no cuentan con contrato formal como los servicios profesionales, trabajadoras domésticas y comerciantes por cuenta propia o conocidos como del “sector informal”.
“Es increíble que los hijos y nietos de aquellos que ni sueñan con pensionarse, y que venden con un canasto en la calle, sigan pagando una deuda acumulada cuando pagan sus impuestos para que unos pocos hagan millonarias ganancias cada año”, dijo Blandino Nerio, diputado del FMLN quien respaldó la iniciativa de reforma de los trabajadores.
Esta propuesta se suma a la presentada por la Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) en conjunto con la empresa privada; a la presentada por el Gobierno, y a la que recientemente presentó el partido GANA. Todas deberán ser analizadas por la Comisión de Hacienda.
