La nueva propuesta de reforma de pensiones presentada por el gobierno no proporciona sostenibilidad al Sistema de Pensiones y obliga a los trabajadores a financiar la deuda que el gobierno contrajo cuando se privatizó dicho sistema.
Para los trabajadores sólo tiene sentido que el sistema de pensiones tenga dos pilares o fondos de ahorro, si uno de los fondos es para el manejo exclusivo de las cuentas individuales de los trabajadores que por sus bajos salarios (dos salarios mínimos) no pueden acumular los ahorros suficientes para tener una pensión digna, lo cual significa que el gobierno tiene que entregar una subvención, en el presente o en el futuro para cubrir esa deficiencia.
La división del fondo ahorrado por cada cotizante por la mitad, dejando en el ahorro privado el 50% y pasando al ahorro colectivo el otro 50%, es aceptable para los trabajadores siempre y cuando el gobierno pague por ese dinero un interés similar al de los Certificados de Inversión Previsional; esto significa que los trabajadores prestan al gobierno ese dinero, para que este pueda financiar la deuda de pensiones acumulada y por adquirir en los próximos años.
Es necesario subir la cotización al 15%, pero no es suficiente para hacer sostenible el sistema de pensiones, ni siquiera para los próximos treinta años (lo pertinente son sesenta años); se requiere aumentar el tiempo de trabajo y la edad de jubilación.
El fondo colectivo servirá para pagar las pensiones mínimas, los certificados de traspaso y las pensiones del sector público; no se debe continuar pagando subsidio a los “optados”, más bien esas personas deben ser acusadas de corrupción a costa de los ahorros de los otros trabajadores.
Es justo bajar la comisión de las AFP del 2.2% al 1.5%, tomando en cuenta que actualmente es una de las comisiones más altas de los sistemas privados de pensiones que existen en el mundo.
Es evidente que las Administradoras de Fondos han mostrado su capacidad y eficiencia para administrar ambos fondos y la Superintendencia del Sistema Financiero para supervisar el funcionamiento del sistema de pensiones.
El gobierno debe respetar el derecho de propiedad que tienen los trabajadores sobre su ahorro de pensiones; si quiere utilizar parte de ese dinero, debe hacerlo en forma de préstamo, pagando un interés justo.
