Teodora tiene la esperanza de que el 8 de diciembre se le haga justicia. Lleva 10 años presa por un delito inexistente. El 13 de julio de 2007 su vida cambio de forma dramática. Es una mujer de 34 años, de origen campesino, sexta de 11 hermanos. Terminó su educación básica, pero a los 14 años tuvo que dejar los estudios y apoyar en la económica familiar, trabajando como empleada doméstica.
A los 20 años se casó y tuvo un hijo, íngel. Como cuenta su hermana “cada año, Teodora le celebraba su cumpleaños con piñatas y música, le adornaba el cuarto, se iban solitos a pasear”. Su pareja no se hizo responsable de su hijo y se separaron.
Teodora trabajaba como cocinera en el cafetín del Liceo Canadiense, desde las 6:00 de la mañana a las 9:00 de la noche. Estableció otra relación, pero cuando quedo embarazada su pareja la abandono. Tuvo que asumir este embarazo sola y trabajando, no pudiendo ir a controles prenatales por sus horarios de trabajo. El 13 de julio desde la mañana se sintió mal y con fuertes dolores, llamó en repetidas ocasiones al 911 de la PNC para que la trasladaran al Hospital, pero nunca llegaron. A las cuatro de la tarde explica que “me apresuraron los dolores, fui al baño a orinar, cerré la puerta, en el baño no había luz, el bebé nació, yo me desmaye, cuando desperté, el bebé estaba en la taza del baño, lo saque, no se movía, no reaccionaba, y me volví a desmayar”. Personal del Liceo aviso a la PNC y la detuvieron, llevándola esposada al Hospital. Fue acusada de aborto y después cambiaron el delito a homicidio agravado. Careció de una defensa adecuada, no se garantizó la presunción de su inocencia y la FGR no investigo la versión de los hechos que ella expuso, no garantizando el Principio de imparcialidad, que le mandata el Art. 11 de la Ley Orgánica de la FGR “los fiscales… deberán investigar no sólo los hechos y circunstancias en que se funde la responsabilidad del imputado o los que la agraven, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen”. Por ello un parto precipitado extra hospitalario, para el que Teodora pidió atención sin recibirla y que tuvo un final dramático al morir la criatura, fue interpretado como un delito, sin que Teodora hubiera realizado un acto intencional que causara esa muerte, es decir no hubo dolo. Sin embargo fue condenada a 30 años de prisión.
Estas situaciones hicieron exclamar al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su reciente visita a la cárcel “tuve el privilegio de hablar con mujeres que fueron condenadas por "homicidio agravado" relacionadas con emergencias obstétricas. Rara vez me había sentido tan conmovido como me sentí por sus historias y la crueldad que han tenido que soportar. Parece ser que solamente mujeres de orígenes pobres y humildes son las que están encarceladas, una característica delatadora de la injusticia sufrida.”
El 8 de diciembre se realiza revisión de sentencia por esta condena. El Sistema Judicial tiene la oportunidad de rectificar y hacer justicia a Teodora y a su familia. Angel, su hijo de 13 años podrá reencontrarse con su mama.