Las crisis que nuestro país afronta, el coronavirus y la tormenta Amanda, se agolpan en la evidente ausencia de políticas de una administración sin plan de gobierno, que improvisa y evade asumir el reto que implica resolver problemáticas de las finanzas que el país detenta, para el caso, de impuestos, que afronta una evasión de hasta $1, 200, 000, 000. 00 – MINEC/ MINEH – anualmente, por hasta 26 leyes vigentes que favorecen ésta práctica, lo que descubre un tema estructural (Fespad/Oxfam).
Ello porque las aportaciones de los contribuyentes de renta media supone por dólar un 3,7% en términos globales, mientras que aquellos contribuyentes que poseen ingresos en torno a los $60, 000. 00 anuales, apenas el 0,6%, lo que evidencia la profunda desigualdad propiciada por el modelo contributivo salvadoreño (MINEC/MINEH 2010).
Es decir, los más pobres tributan hasta el 30% de sus ingresos anualmente, mientras los más ricos el 11% (BID).
Esto es porque el modelo impositivo salvadoreño es de carácter Regresivo, lo que se traduce como “…a más dinero, menos tributo al estado, en el supuesto de que por ésta vía se promueve la reinversión y por tanto, más empleos, lo que no sucede…” (CES).
A ello debemos sumar el tema de las privatizaciones, que apartara al estado salvadoreño y desde los 90’s, de fuentes de financiamiento interno, que impone además al endeudamiento como exclusiva vía de financiamiento, que para el caso supone, el 92% del PIB nacional – MINEH -, por lo que la inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura son cada vez menos y más insustentable.
Lo agrava el hecho de no apreciarse ningún esfuerzo para lograr la capacidad de resolver el tema de soberanía alimentaria, que en la actual coyuntura debería ser la apuesta dado al alto porcentaje de paro laboral, que podría recuperarse a través del rescate del agro y dada la histórica vocación agrícola de la población.
También el tema del agua, pendiente desde hace más de 10 años, cuando la población realizará un esfuerzo para hacer entrega a la asamblea, interesada en la privatización de éste activo, de los debidos estudios para declarar al agua como derecho humano, de acuerdo a la resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, desde el 28 de julio de 2010, siendo nuestro país suscriptor.
El tema de pensiones es otro que no puede seguir aguardando “buena voluntad”, puesto que recordando que fueron 30 las naciones latinoamericanas que hicieron la apuesta por la privatización, apenas Chile, México y nuestro país la conservan bajo el esquema privado, mientras el resto la desechara, lo que denota el agujero fiscal que supone sostener tan aberrante esquema, imponiéndose por lo mismo la reintroducción, con las debidas correcciones, del modelo de reparto y solidaridad bajo la administración del estado.
Ninguno de estos temas puede seguir esperando, y todos, se encuentran ante la posibilidad de profundizar las privatizaciones en razón de la naturaleza del presente gobierno, cuya vocación se identifica con tal proyecto, y porque su descrédito puertas afuera favorecerán tal agenda.
