Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Mauricio Funes fue enviado al penal de Zacatecoluca, informó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El imputado llegó al país ayer, tras ser extraditado de Costa Rica, tras su arribo al país fue llevado al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador bajo extremas medidas de seguridad que incluyó decenas de policías de unidades élites y un helicóptero. Posteriormente fue trasladado a las bartolinas del Centro Judicial.
“Ello en razón al alto perfil del procesado, como producto de su participación en el posible cometimiento de ilícitos con altos funcionarios políticos”, señaló la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna.
Guzmán, también fue custodiado por elementos policiales mientras ingresaba al Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca; donde recibió su vestimenta de privado de libertad.
De acuerdo con las autoridades, el acusado permanecerá en constante vigilancia mientras permanece en el penal.
Para el traslado de Guzmán, el director de Centros Penales, explicó que tomando en cuenta el perfil del sujeto y en razón de salvaguardar su integridad física, se encuentra siendo trasladado al penal de Zacatecoluca.
El sujeto es padre de Ada Michelle Sigüenza, pareja de Funes, fue capturado el 1.º de abril de 2019 al hacerse efectiva una difusión roja que la Policía Internacional (Interpol) emitió a petición del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
El capturado formó parte del círculo cercano e íntimo de Funes, es señalado de haber gastado $7,985.80 en cuatro viajes a Costa Rica y Miami, en Estados Unidos, pero en el expediente se menciona que él y su esposa, Ada Luz Sigüenza de Guzmán, recibieron $351,530.01 en transferencias hechas por el exmandatario.
La Fiscalía dice que ese dinero salió de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial. En el expediente Saqueo Público, el ministerio público ha sostenido desde que judicializó el caso que Funes ideó una red sofisticada para sustraer más de $351 millones. La investigación, que duró año y medio, descubrió que la estrategia delictiva era vaciar las arcas del Estado entre 2009 y 2014, período en el cual fungió como presidente.
Al momento de judicializar la serie de actos de corrupción, el 8 de junio de 2018, la FGR acusó a Funes de haber estructurado una red para sustraer $351,035,400 y acusó a 32 personas. Un último informe del Banco Hipotecario estableció que lo apropiado finalmente por Funes y su red fueron $379.5 millones.