La subcomisión política de la Asamblea Legislativa que estudia un proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, pidió una prórroga a la Comisión política para que esta a su vez a través de la junta directiva notifique a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El plazo fijado por el tribunal constitucional vence el 13 de julio, tiempo que a juicio de los diputados que integran la instancia no es suficiente para hacer un estudio pormenorizado de la normativa.
El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) Roberto Angulo y coordinador de la subcomisión, explicó que dada la carga de trabajo que tienen en el primer Órgano del Estado, se les hace imposible concluir con el trabajo encomendado.
En junio de 2018, fue creada dicha subcomisión para elaborar un proyecto de “Ley de Reconciliación Nacional”.
En julio de 2016. la Sala de lo Constitucional declaró violatoria de los preceptos de la Carta Magna, la Ley de Amnistía de 1993 y dio un plazo razonable al Palacio Legislativo para que informara sobre los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que violentaron los derechos humanos.
El diputado Angulo dijo que a la fecha han recibido a varios sectores y ONGs para conocer sus puntos de vista y recopilar insumos que sirvan para la elaboración de la normativa.
Aclaró que en la mayoría de los casos, las personas y organizaciones de derechos humanos que han participado en las convocatorias de la subcomisión, solo quieren conocer la verdad.
Citó como ejemplo el caso de un familiar de un alcalde de Morazán que murió durante el conflicto armado en el país que dejó más de 75 mil fallecidos en la década de los 80s. “No me recuerdo el nombre del hijo del alcalde pero él solo quería saber dónde estaban enterrados los restos de su padre”, relató el diputado.
Agregó que en todo caso la nueva normativa debe estar sustentada en cuatro componentes: justicia, verdad, resarcir los daños y un apartado que no vuelva a ocurrir una guerra.
“Lo que buscamos es que impere la reconciliación, pero además que la Fiscalía abra aquellos casos y se llegue a la verdad”, manifestó el diputado pecenista.
El 28 de mayo pasado, la Fundación Roque Dalton junto con el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, solicitó a la Sala de lo Constitucional una prórroga hasta el 13 de diciembre para que emita una Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional.
Lo que se busca con ello, es ampliar la consulta de tal forma que se apruebe una normativa adecuada a los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Fundación Roque Dalton y el Laboratorio de Investigación, han pedido a la Sala de lo Constitucional una tercera audiencia de seguimiento del cumplimiento de la citada sentencia de inconstitucionalidad, para que las autoridades emplazadas informen de los avances del estudio.
