Las dificultades para mejorar la economía familiar y las amenazas directas a la vida de al menos uno de los miembros del hogar sigue dejando a miles de salvadoreños sin más opción que dejar el país. Las autoridades del Gobierno ahora buscan la manera de contener el flujo de compatriotas que salen a buscar el norte, llegar a Estados Unidos y comenzar de nuevo.
El más reciente sondeo de Contrapunto muestra que el 56.3 % de lo que participaron ya han considerado irse de El Salvador para vivir y trabajar en el extranjero, a pesar de todos los riesgos que conlleva. Otro 40.7 % respondió que no.
El flujo de migrantes salvadoreños que marchan hacia Estados Unidos con la intención de quedarse, como indocumentados o con los papeles en regla, aumentó por decenas de miles durante los años que precedieron a la guerra civil. Desde entonces, ha tenido altos y bajos en la cantidad de personas que se van a diario, pero no se ha detenido.
Se estima que 1 de cada cinco salvadoreños vive en el extranjero. La mayoría, por lo menos dos millones, viven en los Estados Unidos y envían más de US$5,000 millones en efectivo al año en remesas, sin tomar en cuenta lo que envían como especie (regalos, por ejemplo) o lo que invierten en su país (como comprar casas o terrenos para cuando regresen).
Después de la crisis de los niños migrantes en 2014, llegaron las caravanas de centroamericanos en 2018. Estos son eventos que han atraído la atención de políticos y medios de comunicación, pero que solo muestran la desesperación a la que llegan familias enteras.
La canciller Alexandra Hill visitó el lunes a los diputados de la comisión de Relaciones Exteriores el lunes, para hablar sobre cómo puede el Estado atender el problema.
Hill explicó que una de las primeras acciones será mejorar la atención de los consulados, aumentar esta atención y aprovechar la tecnología. Insistió en que es un problema que ha estado por 40 años y que puede ser una situación que una al país, más allá de colores partidarios.
La diputada Karina Sosa, también secretaria general adjunta del FMLN, propuso acciones conjuntas.
En la frontera sur de los Estados Unidos, aunque en suelo mexicano, hay entre 3,000 y 5,000 personas esperando que las autoridades estadounidenses les permitan entrar y pedir asilo. La gran mayoría, casi la totalidad, son centroamericanos: hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
Del otro lado, la situación tampoco es alentadora. Los centros de detención están en una suerte de crisis por la cantidad de personas que están resguardando. En Texas, por ejemplo, estos centros de detención han acaparado la atención de demócrtas, republicanos, medios de comunicación y hasta la ONU. Michelle Bachelet, alta comisionada de derecho humanos, dijo que después de visitar estos centros observó que hay “pésimas condiciones de saneamiento” y dijo sentirse “profundamente conmocinada” por lo que observó.
