La Asamblea Legislativa, después de un largo proceso de año y medio, aprobó en el Pleno del pasado 17 de agosto, reformas al Código de Familia, a fin de prohibir el matrimonio infantil. Con 72 votos favorables, ninguno negativo y sin abstenciones. El consenso al que llegaron Diputados y Diputadas es una muestra de la posibilidad de legislar con sentido de nación en temas que no deben de tener color partidario.
Ha sido un paso necesario y positivo para no legalizar unas relaciones que no están basadas en la capacidad de decisión libre e informada, porque esas niñas y adolescentes aún no han tenido el desarrollo intelectual, emocional y físico para poder establecer una relación matrimonial. Además termina con la posibilidad de que un abusador sexual, quede exento de su delito, si se casa con la menor abusada, a la que se sometería a la tortura de convivir, servir y tener relaciones sexuales con su agresor. Son niñas, no pueden ser consideradas como “esposas”, esa aberración debe tener una condena, no solo legal sino social.
Para lograr este avance legislativo, ha contribuido la difusión de una serie de informes, sobre embarazo de niñas y adolescentes, matrimonios tempranos, violación y abuso sexual que han evidenciado una realidad, que aunque nos rodea, como sociedad no hemos querido ver ni hacernos cargo de los derechos que vulnera, la injusticia que representa y el dolor que genera. Por más que en muchos medios de comunicación se hayan difundido, es importante recordar algunos datos: en 2015, 25,132 niñas y adolescentes estuvieron embarazadas, el 30 % del total de embarazos del país, es decir 65 cada día. Su proyecto de vida, en la mayoría de los casos, quedó frustrado. El 89% abandonó sus estudios y solo un 18% los retomó. Su incorporación a la sociedad se hará con bajos niveles de formación, por lo que difícilmente saldrán de la pobreza y el país desaprovechara el bono demográfico al no haber logrado el desarrollo y formación de las capacidades de estos miles de jóvenes.
Esta realidad, resulta aún más cruel si tenemos en cuenta que 1,444 eran niñas que tenían entre 10 y 14 años. Es imposible ser indiferentes si pensamos que esta situación la podrían estar enfrentando niñas que conocemos, a las que queremos, que están en nuestro entorno familiar o comunitario.
Y un factor que no es posible omitir, es que estos embarazos son producto de relaciones que están tipificadas como delito de violación o estupro en nuestra legislación.
Estas niñas y jóvenes se ven enfrentadas a una maternidad no deseada ni planificada, para la que carecen del desarrollo físico, psicológico y emocional necesario, careciendo de conocimientos, condiciones de vida e ingresos económicos para hacerse cargo de las criaturas que están gestando. Se ven forzadas a ser “madres”, con partos de alto riesgo por su falta de desarrollo biológico, que ponen en riesgo su salud y vida y de las criaturas que van a tener. Además sufren una tortura durante los 9 meses de embarazos de una criatura producto del abuso, a la que después deberán cuidar. Esta situación ha llevado a que la tercera causa de muerte de niñas y adolescentes embarazadas sea el suicidio, al no encontrar alternativas a la situación que están enfrentando. Como la mayoría son de áreas rurales emplean herbicidas o pastillas para conservar frijoles para quitarse la vida con una muerte dolorosa y cruel.
Es una realidad que nos reta, como sociedad, a plantear la necesidad de que se reforme el Art 133 del Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo, como una opción que puedan tomar niñas y adolescentes, ante estos embarazados forzados. Los Diputados y Diputados deben de tomar una decisión informada y reflexionada que permita dar alternativas ante estas situaciones. Hay algunas reflexiones que quería compartir para aportar a su toma de decisiones.
En primer lugar hay quienes afirman que no es posible despenalizar el aborto porque lo impide el Art. 1 de la Constitución. Este tema ya lo abordó la Sala de lo Constitucional y en diversas resoluciones aclara no solo de la posibilidad sino de la necesidad de hacerlo. En la resolución 22 2011 afirma: “La definición de persona del art. 1 inc. 2° Cn. es producto de una convención o acuerdo social, en un momento histórico determinado; es un producto cultural, no el reflejo inevitable de alguna esencia inmanente o trascendental de lo que es su objeto de regulación” (el subrayado es mío) y en la Resolución 18 98 afirma “El derecho a la vida de la persona que está por nacer no es un derecho que en todos los supuestos deba prevalecer sobre los otros, sino que es necesario hacer una ponderación para cada caso” y para ello “se deben regular jurídicamente las controversias surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la madre. De este modo, resulta ineludible arbitrar una solución normativa para resolver los casos concretos que puedan acontecer”
Es claro que la Sala de lo Constitucional, máximo órgano para interpretar la Constitución, señala que el órgano legislativo debe resolver jurídicamente la colisión de derechos entre mujer gestante y ser en formación. Eso es lo que se pretende con la despenalización del aborto en 4 casos específicos.
Otro mito que hace que algunas personas y legisladores no quieren aprobar una despenalización del aborto por causales, es que eso eleve el número de abortos en el país, sin embargo la evidencia científica demuestra lo contrario. Según la revista The Lancet, una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo, en 2014 la tasa de abortos era de 18 por cada 1,000 mujeres en edad fértil, en los países con leyes más permisivas del norte de Europa, como Holanda o del 17 en Norteamérica, mientras que en El Salvador se estima en 24 abortos por cada 1,000.
Otro mito que se difunde es que la despenalización por causales generaría un gran negocio de clínicas y servicios privados. Obviamente, si el aborto por causales forma parte de los servicios del sistema de salud pública gratuita, la demanda de servicios privados será muy limitada sin mucho espacio a la especulación.
Es importante que nuestros legisladores se informen y asesoren adecuadamente sobre un tema que es complejo y que está rodeado de falsa información y de mitos, tomando una decisión informada que saque a El Salvador del pequeño grupo de países que prohíben absolutamente el aborto, con una legislación que actualmente genera problemas de salud pública, inseguridad jurídica para el personal de salud y violación de derechos y dolor a muchas mujeres, adolescentes y niñas y a sus familias.
Es posible lograr un consenso que dé garantías a mujeres, adolescentes y niñas y personal de salud para poder tener la opción de interrumpir un embarazo, de forma legal y segura, ante causas graves y claramente reguladas.
