La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), que investigue la posible comisión de delitos por parte del Ejecutivo al desobedecer la orden del Órgano Judicial, que dejaba sin efecto exigir la prueba de Coronavirus Negativa para permitir el ingreso al país a salvadoreños y residentes.
Entre los funcionarios que exigieron públicamente el PCR para ingresar al país se encuentran el presidente Nayib Bukele, el ministro de Salud Francisco Alabi (que luego se retractó), el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Federico Anliker y el director general de Migración y Extranjería Ricardo Cucalón.
Según la Sala, los delitos en los que posiblemente incurrieron los involucrados, son "desobediencia, actos arbitrarios, coacción, incumplimiento de deberes u otros, derivados del incumplimiento de las resoluciones pronunciadas por esta Sala el 14 y 18 de septiembre de 2020".
La Sala detalla en el amparo que el Gobierno se reunió con aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez para exigirles que impidieran el abordaje de pasajeros a los vuelos con destino a El Salvador si no presentaban un PCR negativo de máximo 72 horas.
Dichas acciones de parte del Ejecutivo son "una forma fraudulenta de evadir el cumplimiento de la medida cautelar ordenada en ese amparo" y dicha orden girada a las aerolíneas, con amenaza de una multa de $6 mil por pasajero, "es un censurable artilugio por medio del cual las autoridades implicadas pretendieron transferir a particulares (las aerolíneas) el ejercicio de un acto de autoridad, a fin de sortear la resolución judicial".
La Sala advierte que dichas órdenes provocaron el efecto de prohibir el retorno al país de salvadoreños y residentes definitivos que no presentaron la prueba.
Añade que el titular de la Dirección General de Migración y Extranjería Ricardo Cucalón exigió a las aerolíneas que impidieran el embarque y que a pesar que este funcionario manifestó que obedecía órdenes de un superior jerárquico no está exento de responsabilidad porque la obediencia la debe a la Constitución y no a una orden inconstitucional ilegal como lo prometió al ser juramentado en su cargo.
Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó ante la resolución de la Sala de lo Constitucional.
Para el presidente Bukele, desde la sala de lo Constitucional se está violentado derechos de los salvadoreños y debía ser también objeto de atención e investigación por parte de la FGR, ya que la norma que ellos quieren eliminar, pretende contener el ingreso del virus al país.
“¿Y el derecho a viajar en un avión libre de COVID19? Los derechos a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño han sido violados reiteradamente por esta Sala. Habrá que certificarle eso al Fiscal Raúl Melara también. Y en ese caso hay muertos, no solo personas enojadas”, dijo el mandatario.
Guatemala, Costa Rica y demás países de la región han hecho de la petición negativa de prueba, una norma para ingresar a sus fronteras, sin encontrar oposiciones políticas como en el país.
Por otro lado, la diputada efemelenista, Karina Sosa, aseguró que eso iba a pasar porque el mandatario está actuando fuera del marco de la ley.
“Así se está reaccionando ante las acciones que del Presidente esta tomando, que son violatorias para los derechos humanos. La Sala fue clara que el Presidente debía garantizar la salud a los salvadoreños sin prohibirle la entrada a otros ciudadanos”, manifestó.
