Con un sonado agradecimiento el gobierno salvadoreño acogió en Ginebra las recomendaciones del Relator Especial para Agua y Saneamiento, el brasilero Leo Heller, presentadas públicamente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fruto de su visita al país en mayo pasado. “Agradecemos el informe y las recomendaciones, las cuales compartimos y estamos llevando a cabo diferentes medidas para cumplir e implementar”, manifestó el embajador salvadoreño, Joaquín Maza Martelli.
Leo Heller estuvo una semana en El Salvador por invitación del gobierno, ya que los expertos de la ONU no pueden imponer a los Estados su visita, según los usos y costumbres de la ONU. Se entrevistó con las autoridades concernidas, y pudo hablar a solas con miembros de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, y del sector privado. Dialogó, entre otros, con integrantes del poder legislativo, de agencias internacionales y con el Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Estuvo en la capital, comunidades urbanas y rurales, y conversó libremente con hombres, mujeres y niños, y defensores de los derechos humanos.
El Relator compartió sus prioridades para mejorar el disfrute del derecho al agua y el saneamiento, “esenciales para la realización de todos los derechos humanos”, según estableciera la ONU en 2010, de modo que los países suministren a la población “agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos”.
Enumeró los problemas que pudo constatar y las soluciones propuestas para resolverlos, tomando en consideración que actualmente “600.000 personas en El Salvador no cuentan con ningún tipo de servicio de agua potable y saneamiento”, que “más de un millón de personas solo tienen acceso a un servicio deficiente de agua, donde no se garantizan ni su cantidad ni su potabilidad”, que “1.100 centros escolares” no disponen de “cañerías instaladas” para recibir agua, mientras que solo el 37,4% de los hogares con “servicio sanitario tiene acceso a inodoro con conexión a alcantarillado y los demás a soluciones individuales”, sin olvidar que cerca del 7% de la población rural salvadoreña defeca al aire libre.
El Relator Heller pudo chequear que la principal fuente de agua para la gente en El Salvador, son subterráneas y superficiales, como el rio Lempa, descontando los inconvenientes ocasionados que el 95% de las precipitaciones se concentran entre mayo y octubre, y que las sequías son “frecuentes y graves”. Verificó también el agravante de la “contaminación” de las fuentes superficiales, debido a “las aguas residuales urbanas no tratadas y las descargas del ámbito agrícola e industrial”, llamándole la atención el alto nivel de contaminación que padece el rio Acelhuate, que “drena el área metropolitana de la capital”. En ese contexto, el experto de la ONU instó al gobierno a entablar una “cooperación” con Guatemala y Honduras, para buscar acuerdos constructivos mediante tratados bilaterales o tripartitos que permitan abordar de manera “constructiva” el compartir aguas superficiales como los ríos, lagos y arroyos, y así resolver el desafió futuro de fuentes como las que ofrece el río Lempa, en calidad y cantidad de agua, un resorte “estratégico para El Salvador”.
Para atacar los problemas del “acceso discontinuo” de agua que sufre el Salvador, mejorar su calidad, asequibilidad, sostenibilidad, los impactos sobre la salud, y una debida prioridad para las personas más necesitadas, como las que viven en zonas rurales, poblaciones indígenas, hombres y mujeres privados de su libertad, mujeres y niñas, Heller recomendó, ante todo, “incorporar el derecho al agua y al saneamiento al ordenamiento jurídico” del país, con la reforma del artículo 69 de la Constitución. El dispositivo debería acompañarse de una Ley General de Aguas, actualmente en discusión, y una “ley marco para el subsector de agua y saneamiento, que garantice “la regulación apropiada de los servicios” y que “afirme claramente que el uso prioritario del agua debe ser para el consumo humano”, un debate del que no deben ser ajenos “la sociedad civil” y “los grupos más desfavorecidos en el acceso al agua”.
A fines de implementar estas aspiraciones, el enviado de la ONU sugiere a El Salvador “elaborar” un “Plan Nacional de Agua y Saneamiento mediante un proceso participativo, incluyendo a otros prestadores de servicios, como las juntas rurales de agua”, y activistas de la sociedad civil. El Estado debería además dotarse de “un regulador independiente con competencia para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos de los proveedores”, que tenga “participación pública en la toma de decisiones a través de la divulgación de información adecuada y garantizar que el agua y el saneamiento sean asequibles para todas las personas”.
En dicho marco, esta relatoría de la ONU urge a El Salvador prestar una atención preferente en la distribución de esfuerzos que favorezcan a las poblaciones rurales, para que encuentren “modelos de gestión sostenibles” en los programas que adopten, que se revise la prohibición de “los servicios de agua y saneamiento en asentamientos no legalizados por parte del proveedor nacional”, para que estas poblaciones consigan “el usufructo de sus derechos a los servicios”, y que “las personas que viven en situación de calle” puedan acceder a “instalaciones gratuitas” de “acceso a agua y a baños”.
“La seguridad hídrica y el acceso al agua en forma igualitaria,” durante las “24 horas por día y 7 días por semana”, particularmente en centros educativos, debería ser garantizado por el Estado, que para tal cometido debería reducir “drásticamente” la proporción de fugas de agua, que medra en su disponibilidad para el conjunto de los habitantes, debiendo observar el requisito de “potabilidad”, y una “evaluación crítica del efecto de contaminantes ambientales como agroquímicos, y de la intermitencia en el abastecimiento”. Todo esto debería apoyarse en “procesos de revisión de tarifas” que sean “transparente y participativa, con “programas específicos para atenuar el impacto financiero del gasto con abastecimiento de agua y saneamiento de las personas sin acceso a los sistemas colectivos, creando medidas de protección social para garantizar asequibilidad del agua”.
El Relator concluyó que El Salvador debería “crear políticas nacionales claras para la racionalización del uso agrícola” del agua, que posibiliten “ampliar la disponibilidad para consumo humano, especialmente en regiones de mayor escasez hídrica y más susceptibles al efecto del cambio climático, como en el Corredor Seco”, atendiendo con particular cuidado “los derechos de los pueblos indígenas” para que sus derechos al agua y al saneamiento “puedan ser mejor protegidos e implementados.
