jueves, 12 de mayo del 2022
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Sobre las detenciones presuntamente injustas

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Por Edwin Antonio Contreras

 A lo largo de todo este proceso de captura de más de 17,000 presuntos criminales, miembros de pandillas casi en su totalidad, bajo el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa, existen casos de personas que aparentemente no tienen vínculos con estas agrupaciones delictivas, que han sido llevadas tras las rejas, provisionalmente, bajo investigación.

Algunas personas, sobre todo familiares de los ahora apresados, indignados a raíz de las detenciones, han denunciado en redes sociales un hipotético atropello de parte de las autoridades en contra de aquellos que, según las quejas, no tienen ninguna relación con pandillas.

Vale poner de relieve que las autoridades han comprobado que la vinculación de los aprehendidos con estos grupos criminales resulta imperceptible para la población que se dedica a trabajar honradamente, pues en diversos casos los arrestados suponen que no cometen tales ilícitos.

Pero están muy equivocados.

Hay una cantidad de personas que trabajan, aparentemente, de manera honrada, pero llevan a cabo otras actividades relacionadas con pandillas, en algunos casos obligados bajo amenazas por estos criminales, pero en otros casos no.

En este punto caben ciertas interrogantes.

¿Sí son obligados, porque no lo denuncian? ¿Por miedo?

¿Y el miedo ir a la cárcel donde queda?

Sabemos que dentro de la fiscalía hay medios para proteger a denunciantes de estas actividades. Por ejemplo, se ha comprobado hechos en los que algunas de estas personas son miembros de las directivas de las colonias donde habitan, directivas manipuladas por los pandilleros de la zona, quienes cobran cuotas de parqueos y otros para mejoras de dicha colonia, que van a dar a las arcas de los pandilleros de manera mensual, dineros que sirven para actos ilícitos de estos miembros criminales.

Otros ejemplos son los de motoristas de algunas unidades de transporte colectivo, quienes dan cabida a estos criminales para abordar sus unidades y cometer asaltos e incluso violaciones, y ellos simplemente “dejar hacer” y “dejar pasar”.

Estos conductores son cómplices de estas actividades.

De la misma manera, jóvenes estudiantes que tienen algún grado de amistad con estos miembros de pandillas y se dan cuenta de primera mano de muchas de las actividades ilícitas que estos criminales realizan, simplemente se limitan a ver y no denunciar.

También ocurre que empleadas o dueñas de comedores pequeños en colonias de la zona urbana de diversos municipios, en donde llegan estos pandilleros a comer y mientras almuerzan o cenan planifican infinidad de crímenes, hacen oídos sordos y hacen como que no ven nada.

Todo lo anterior ya no puede permitirse que siga sucediendo, según nuestras leyes expuestas y dispuestas en el Código Procesal Penal de El Salvador, en el Capítulo I Actos Iniciales de Investigación Art. 261 donde se lee que la persona que presenciare la perpetración de cualquier delito de acción pública estará obligada a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil o el juez de paz.

El Gobierno de El Salvador, de la mano del presidente Nayib Bukele, está dirigiendo a la Policía Nacional Civil, apoyada por la Fuerza Armada, en una “guerra abierta” y declarada en contra de las pandillas terroristas que han acechado a los salvadoreños honrados durante décadas de crimen, manteniendo en zozobra a una población que recién salía de una guerra civil. Ahora, los días de crimen de estas agrupaciones están por llegar a su fin.

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Edwin Antonio Contreras
Periodista salvadoreño, editor y realizador de TV; actualmente es comunicador institucional y colaborador de ContraPunto

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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