El ahora director del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) y expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, dijo este jueves que la investigación de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su contra por posibles irregularidades en su declaración patrimonial, responde a intereses de venganza de parte de Órgano Judicial.
Probidad de la CSJ investiga los patrimonios de los funcionarios públicos y en su lista de "sospechas de ilegalidades" está el nombre de Reyes, así como el de la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, entre otros.
Reyes asegura que la investigación se da en vista de que ha sido él quien denunció irregularidades, “abusos y violaciones a la Constitución” de parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
“Los he denunciado en cortes internacionales, en la Fiscalía General de la República y por lo tanto yo no espero de ellos más que una venganza”, dijo Reyes.
El pasado 20 de febrero, el magistrado de la referida sala, Rodolfo González, dijo en una entrevista de canal 33 que está por culminar la investigación a las declaraciones patrimoniales de un grupo de 76 funcionarios y exfuncionarios, entre los que se mencionó a Reyes.
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“Se ha concluido el último grupo de casos de finales del año pasado. Hay un grupo de cuatro a cinco casos que se están ya concluyendo para depurarse, y dentro de esos está el del expresidente de la Asamblea Sigfrido Reyes”, dijo González.
Al respecto, el expresidente del Legislativo, dijo que su caso se trata de una “vendetta política”.
“Yo entiendo que el señor magistrado Rodolfo González busca protagonismo. Él no pertenece a ninguna comisión autorizada para hablar de eso”, añadió Reyes.
El director de PROESA asegura que cualquier persona en el país tiene derecho a incrementar de manera lícita su patrimonio. Afirmó que está dispuesto a ser investigado como cualquier otro funcionario.
Reyes forma parte de un listado de 76 funcionarios y exfuncionarios investigados actualmente, entre los que se encuentra el presidente y vicepresidente de El Salvador, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, diputados, alcaldes, ministros, entre otros.
Algunos de los procesos de esa lista que pasaron a juicio civil posterior a su investigación se encuentran los del exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que posteriormente fue condenado civilmente, Leonel Flores, los expresidentes de la República, Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, además del expresidente de la CSJ, Agustín Calderón.
