Por Wilmar Castillo.
En la universidad pública donde estudié (Universidad del Tolima –UT), el actual movimiento estudiantil protagoniza un paro. Motivadxs por el suicidio de dos estudiantes este año y por las precarias condiciones materiales y académicas que aún persisten, cientos de estudiantes de diferentes profesiones decidieron parar las clases y retomar el campus para elaborar sus exigencias (1). Esta movilización lleva aproximadamente un mes y cuando estoy escribiendo este artículo, se encuentran todavía resistiendo a pesar de hostigamientos internos y externos a la universidad.
Dichos hostigamientos han sido: poner soldados profesionales en la entrada de la universidad, cuando esta fue cerrada por orden de rectoría; el pronunciamiento del Secretario de gobierno municipal, acerca de intervenir militarmente a la universidad pública en “situaciones especiales” y las declaraciones del presidente del Consejo municipal acerca de usar drones de la Policía Nacional para “garantizar la seguridad” de la comunidad universitaria (2) y los pantallazos del estado de whatsapp de un agente de inteligencia estatal, alardeando de su “vigilancia” a lxs estudiantes en una de sus jornadas de protesta, también en la entrada de la UT.
Llama la atención que las amenazas de los dos funcionarios públicos se originan por el extraño ataque a una funcionaria universitaria, que dirige una oficina que no ha estado en las causas del paro (oficina de proyección social). A esta funcionaria le echaron Isodine (medicamento líquido usado para las heridas en la piel) en su cuerpo y en la oficina donde trabaja, por parte de una persona encapuchada, que hasta el momento es materia de investigación.
Una vez más, se tramita con represión y estigmatización los conflictos sociales por parte de funcionarios públicos, alineados con la derecha política que a nivel departamental, responde a clanes familiares. Dichos clanes familiares tienen incidencia directa en la UT, la alcaldía municipal, gobernación departamental y otras entidades de nivel regional como hospitales públicos, cajas de compensación familiar, entre otros. Así mismo, tienen a su disposición a las fuerzas militares y judiciales, listas para apagar cualquier foco de rebeldía. En un contexto como este, nada es diferente a pesar de tener un gobierno nacional progresista, porque las violencias son la carta de presentación de estos funcionarios públicos.
Por ende, la búsqueda de acuerdos y soluciones por medio del diálogo con estos sectores económicos-políticos, se descarta de manera explícita y disimulada entre mecanismos institucionales de supuesta negociación, que no terminan en los cambios necesarios que exigen los sectores populares, o estudiantil universitario en este caso. En caso de establecer un espacio de negociación, se haría sin cambiar el régimen político que causa los conflictos sociales y unos “acuerdos” representarían paños de agua tibia que no resolverían de raíz las problemáticas colectivas de los actores que están afuera de la institucionalidad gubernamental.
Por el contrario, el contexto de vigilancia, control, represión y estigmatización persiste, e incluso se consolida a nivel local y departamental como parte de la estrategia oligarquica colombiana para seguir frenando el plan de gobierno del Pacto Histórico. Tal vez, este panorama también lo identifican algunos sectores estudiantiles que deciden taparse la cara y plantear sus ideas y propuestas políticas a través de la acción directa, junto a aquellos otros sectores estudiantiles que no optan por estas vías, pero que apuntan hacía el mismo horizonte de condiciones dignas para la comunidad universitaria. El supuesto “desequilibrio y desigualdad” como lo planteó una profesora entre estos actores estudiantiles en un espacio asambleario, queda sin fundamento en la realidad práctica. (3)
Para estxs predicadorxs del pacifismo y del diálogo como única forma de resolver los conflictos, reproducen la estigmatización de la derecha política contra aquellos actores sociales que no están “a su nivel” académico y moral. Desde la tranquilidad de los privilegios materiales, económicos e intelectuales, es muy fácil plantear recetas pasivas a problemas de diferente naturaleza, pero peor aún, la amnesia frente la forma de resolver los conflictos en Colombia por parte de la oligarquía, a través de la violencia en sus diversas y terroríficas expresiones.
También olvidan, que esa clase social no acepta ningún tipo de cambio en el régimen político y en el modelo económico colombiano, que beneficie a las mayorías empobrecidas. Por lo que, creer en que van a ceder voluntariamente su poder a los sectores sociales que ellos mismos desprecian y explotan, es vivir de un lindo sueño que lamentablemente jamás se hará realidad. A estas alturas, estoy considerando que esas predicadorxs del pacifismo son sujetos que le hacen el juego a los clanes familiares, sin ser parte de sus círculos privados; lástima que se pierda de esa manera ese conocimiento y experiencia acumulada.
Toda esta realidad que sigue siendo muy paraca (4), me recuerda dos preguntas de Luisa Toledo: ¿Por qué se nos exige que seamos pacíficos hasta la muerte? ¿por qué a nosotros? (5).
NOTAS:
- https://www.instagram.com/p/C_J9-ZSI_Z6/?img_index=5
- https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/ibague/521615-habra-ingreso-de-la-fuerza-publica-la-universidad-del-tolima-esto-es-lo-que-se-sabe ; https://www.ondasdeibague.com/noticias/principales/59-destacadas/58833-proponen-vigilar-a-la-universidad-del-tolima-con-drones
- https://enusodenuestrasfacultades.wordpress.com/2024/09/03/1855/
- En el Estallido social del 2021 en Colombia, se reveló aún más la cara violenta del régimen político y de la oligarquía que la defiende. Una de las frases que lo expresa desde entonces es “todo está muy paraco”, refiriéndose a las fuerzas paramilitares que esa clase social, usa para defenderse.
- https://www.facebook.com/watch/?v=2788411061334814 ; https://www.facebook.com/watch/?v=558139512102238
