El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, considera innecesario y al límite del orden legal existente la propuesta de partir en dos las funciones de esa institución, de acuerdo a un análisis que facilitó a Contrapunto.
Los partidos políticos aún analizan la posibilidad de separar las funciones del TSE para que una entidad se dedique solo a cuestiones administrativas, como la celebración de elecciones, mientras que otra se dedique a procesos de tipo jurisdiccional, como resolver casos y denuncias relacionadas con el tema electoral
El actual presidente del tribunal, Julio Olivo, explicó que surgirán muchas inconveniencias si prospera ese cambio. “Debe haber plena sincronía entre lo jurisdiccional y lo administrativo, ya que puede ponerse en riesgo o suspenderse actividades neurálgicas del proceso electoral con un mal cálculo jurisdiccional; esto ya ha sucedido en otros países que tienen funciones separadas” consignó Olivo en su comentario
Parte de los argumentos que presenta el funcionario es que con la organización actual, que les permite ejercer esa doble función, ya se han celebrado 29 procesos de elecciones en el TSE, una de las herencias de los Acuerdos de Paz, que han permitido a los ciudadanos ejercer su voto.
Los problemas que enfrentaron en 2015, 2018 y 2019, a criterio de Olivo, ocurrieron porque cuando ya estaban organizadas las elecciones, la Sala de lo Constitucional emitía una resolución. En total, en ese período, la referida Sala emitió 11 resoluciones relacionadas con el quehacer propio del TSE. Los problemas reportados obedecieron a “la intromisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al haber modificado componentes del sistema electoral salvadoreño por la vía de sentencias inoportunas, provocaron problemas que alteraron el Plan General de Elecciones (PLAGEL) y el calendario electoral”, señaló en su análisis.
De igual manera se ha mostrado constancia, según Olivo, en la parte jurisdiccional o cuando se inician procesos relacionados con el papel del rector. “En términos generales, de un total de 114 expedientes procesados en los años 2018 y 2019, solo 18 casos se encuentran pendientes o en proceso de emisión de una resolución final”, señaló Olivo.
El funcionario extiende su análisis y señala que separar al Tribunal está en el límite de los marcos legales en El Salvador: la Constitución, el Código Electoral ““que los diputados quieren reformar”“ y el mismo espíritu de los Acuerdos de Paz.
Las consideraciones de Olivo son parte de un libro que todavía no está listo para distribuir al público.
