El vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, fue señalado este martes como socio en la Junta Directiva de una empresa de José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, y a quien Washington vincula con el narcotráfico internacional, según investigación realizada por el diario digital El Faro (elfaro.net).
Investigaciones nacionales, de la policía local y de la Fiscalía, vincularían al empresario Salazar Umaña con el llamado Cartel de Téxis, que presuntamente habría traficado drogas hacia Estados Unidos, aunque nunca ha sido enjuiciado en El Salvador ni reclamado por Estados Unidos.
El diario El Faro indica que el actual vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, como socio con Salazar Umaña, en la empresa Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., empresa dedicada a la compra y venta de terrenos en la costa oriental de El
Salvador. También dice que Estados Unidos designó en 2014 al empresario como "capo internacional" junto a otros traficantes de drogas del mundo, lo que está consignado en un documento firmado por el presidente Barack Obama.
Oficialmente el vicepresidente salvadoreño no ha dado opinión, pero cuando fue consultado por El Faro, aseveró que hay temas de mayor interés nacional de qué hablar, aunque dijo que Salazar Umaña no ha sido condenado en El Salvador, por lo que preguntó: “¿Qué tiene de ilegal eso, pues? ¿Tenés alguna cuestión ilegal?”.
Actualmente el vicepresidente Ortiz es el encargado presidencial de las acciones que el gobierno está emprendiendo contra la delincuencia local que mantiene a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo con una tasa de homicidios de 104 por cada 100.000 habitantes.
Ante esto, Jaime López, encargado del área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), considera que lo bueno de esta revelación es que se expone a la población los vínculos de los funcionarios públicos.
“En el país siempre se han manejado en secreto los negocios de los funcionarios públicos. Como sociedad debemos saber que si hemos nombrado a alguien en un cargo público importante, necesitamos saber en qué negocios anda y quiénes son sus socios. Esto nos permite hacer juicio político para ver si la población mantiene su apoyo a él”, dijo López.
Jaime López recomienda al vicepresidente hacer una declaración pública de cuáles son sus negocios, en qué empresas tiene inversiones, quiénes son sus socios, y su estrategia para que no le genere conflicto de intereses.
Dice que a partir de esa información publicada no puede haber una incriminación contra Ortiz. “Solo esa revelación no incrimina al vicepresidente. En caso de funcionarios, la investigación que se les debe hacer debe respetar la institucionalidad”, sostuvo.
Sin embargo para el analista político, Antonio Martínez Uribe, esta revelación se trata de un plan de desacreditación para la izquierda salvadoreña. “Hay un plan contra la izquierda de descredito, de restarle capacidad, de poner en duda su honestidad y sus capacidades administras en asuntos públicos. Vienen más cosas, desde hace ratos se ve, pero hay que estar consciente que la derecha más retrograda no quiere ver más al FMLN gobernando este país. Esa campaña está”, sentenció Uribe.
Dice que la izquierda salvadoreña y especialmente el vicemandatario deben demostrar que no tienen nada que ver en el caso, pero si se demuestra lo contrario, la campaña en contra de la izquierda tendría una base de respaldo con la realidad. Enfatizó que una figura pública no puede asociarse con cualquier persona.
Acusaciones contra funcionarios continúan
Por otro lado, Carlos Federico Paredes, director de Exportaciones del Organismo de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), fue detenido el pasado lunes por el delito de estafa según información de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Ministerio Público indicó que el hecho por el que se ordenó su detención ocurrió en 2008, en una lotificación ubicada en Santa Elena. Se sabe preliminarmente que las víctimas fueron tres personas.
La captura fue realizada en el lugar de habitación de Paredes y la FGR ha manifestado que presentará la acusación formal una vez que la Policía Nacional Civil (PNC) realice las diligencias de investigación.
