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jueves, 28 de octubre del 2021

Seguridad pública ha sido superada por la violencia

Los diputados Mauricio Ernesto Vargas de ARENA y José Almandáriz del PCN, ambos militares en situación de retiro, coinciden en que el Ejecutivo ha tenido que echar mano de la Fuerza Armada para enfrentar la delincuencia.

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El anuncio del presidente Nayib Bukele, que iniciará un proceso masivo de reclutamiento y de incorporar a más de 1,000 reservistas de la Fuerza Armada, tal como lo informó el ministro de la Defensa Nacional, René Merino, ha desatado  varias opiniones en la Asamblea Legislativa.

Mientras que para el FMLN el Gobierno está militarizando a la sociedad, tal como lo manifestara el diputado Schafik  Handal, otros son de la opinión que constitucionalmente el Ejecutivo tiene esa potestad.

El coronel retirado José Antonio Almendáriz, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), manifestó que el presidente tiene la obligación de darle tranquilidad y seguridad a la ciudadaní­a y para lograr esa meta, tiene que echar mano de todas las fuerzas que tenga el Estado.

Y recordó que el artí­culo 168, numeral 12 de la Constitución de la República es claro cuando señala que son atribuciones y obligaciones del presidente: “Disponer de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la soberaní­a, el orden, la seguridad y la tranquilidad de la República, y llamar al servicio la fuerza necesaria, además de la permanente, para cumplir tales fines”.

En otras palabras, para Almendáriz la capacidad del Estado en tareas de seguridad pública ha sido superada por la delincuencia y desde hace años, es decir, la Policí­a Nacional Civil (PNC) no da abasto para cumplir con su cometido de dar seguridad a la población.

“La capacidad de la Policí­a ha sido superada hace más de 20 años, sino, dí­game ¿quién controla algunos territorios actualmente?”, preguntó el parlamentario.

Cuando el presidente dice que va a controlar los territorios significa que estas zonas están en manos de otros, en este caso de la delincuencia.

“Según la Ley Orgánica de la PNC, los agentes no pueden trabajar por más de ocho horas y por lo tanto, por la situación que se vive , se necesitarí­a de unos 20 mil policí­as como mí­nimo y como trabajan ocho, horas entonces serí­an sesenta mil, y no tenemos ese dinero para contratar tantos policí­as”, razonó el legislador.

Mientras que con la Fuerza Armada es diferente. Opina que los elementos se pueden ocupar para más tiempo.

Recordó que durante el conflicto armado en el paí­s (1980-1992), el Ejército creció hasta tener 64 mil efectivos; posteriormente después de los Acuerdos de Paz hubo una desmovilización y el número se redujo a 14 mil soldados.

Almendáriz está convencido que el empleo de la Fuerza Armada es para la zona rural, y los pandilleros es hacia donde han salido huyendo. “Y qué bueno, porque es donde está mejor entrenado el Ejército para hacer su trabajo”, opinó.

Por eso no le ve ningún problema que se utilice la cantidad que sea necesaria de reservistas o de reclutar personas para que presten servicio militar por dos años, porque en términos económicos representa menos gasto que el de preparar policí­as.

El general retirado Mauricio Ernesto Vargas y diputado de  Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), piensa en el mismo sentido que su colega.

El reclutamiento dijo, es una parte legal que no deberí­a tener ningún tipo de cuestionamiento. “El reclutamiento es una cosa y el servicio militar obligatorio es otra cosa”, explico.

También hay dos tipos de reservistas: la activa y pasiva. La primera es aquella que por su tiempo de retiro, mantiene un cierto grado de habilidades y destrezas que con un readiestramiento rápido podrí­a ser utilizada en cualquier área o función que se necesite. La segunda requiere de más tiempo, porque el personal ha perdido parte del adiestramiento y necesita ser preparada a través de exámenes psicológicos y fí­sicos para cumplir una función.

Ahora bien, si la delincuencia ha sobrepasado la capacidad de la PNC, lo tendrí­a que declarar el presidente y podrí­a aplicar la disposición constitucional ya mencionada por Almendáriz.

Es decir, “usará la Fuerza Armada en la defensa de la soberaní­a y la defensa del territorio”. Pero hay más, dijo Vargas, excepcionalmente para mantener la paz interna, la seguridad pública  y la tranquilidad, esos son los tres elementos que le da la Carta Magna al Ejecutivo.

La utilización de la Fuerza Armada será por tiempo limitado, informará a la Asamblea Legislativa y este Órgano de Estado puede dejar sin efecto la excepcionalidad.

Pero la realidad para Vargas es que la seguridad pública no ha podido desarrollar el control, y los gobiernos anteriores se han negado a aceptar el problema en el que están.

Personalmente considera que la Fuerza Armada tiene que utilizarse con base a la Constitución; “en el capí­tulo de la Fuerza Armada dice que es de carácter instrumental de los Órganos del Estado en las áreas de su competencia, por eso se debe de sustentar porqué se va a utilizar al Ejército”, concluyó.

“Nos vendieron humo”: Benjamí­n Cuéllar

Para opinar sobre el reclutamiento “masivo” y “voluntario”, anunciado y echado a andar por Nayib Bukele hace unos dí­as con el propósito de combatir la delincuencia, vale la pena revisar nuestro texto constitucional, expresó el Cofundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI).

En su artí­culo 212, este determina que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) “tiene por misión la defensa de la soberaní­a del Estado y de la integridad del territorio”.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo “’en este caso, Bukele”’ “podrá disponer excepcionalmente” de la misma para mantener “la paz interna”. Dicha “excepcionalidad” no es nueva; acaba de cumplir 26 años de estar vigente si nos atenemos a lo anterior, pues el primer patrullaje conjunto realizado por militares e integrantes de la entonces recién nacida Policí­a Nacional Civil se realizó el 16 de julio de 1993. Antes, el ordinal 12 del artí­culo 168, de la Constitución  señala que esa función extraordinaria de las FAES tendrá lugar cuando se hayan “agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública”, dijo Cuéllar.

Quiere decir, entonces, que nos “vendieron humo” y esa “paz” acordada entre la guerrilla de entonces y la administración de Alfredo Cristiani nunca llegó a esta tierra, como le hicieron creer al paí­s y al mundo; así­, desde hace más de dos décadas y media salieron los soldados de sus cuarteles para regresar a estos solo a dormir. Y la “guerra” contra las maras fue declarada  por el fallecido expresidente Francisco Flores diez años después: en julio del 2003.

Foto: Archivo ContraPunto

Ahora, pues, con este crecimiento anunciado de la milicia todo apunta a la profundización de dicha “guerra” sin necesidad de que esta sea declarada explí­citamente, tal como lo acaba de demandar el verdadero lí­der del   formalmente actual partido de Gobierno; es decir, el diputado Guillermo Gallegos. Profundización creciente y utilizada electoralmente por el citado Flores y su sucesor Antonio Saca, así­ como por Mauricio Funes “’después de su fallida “tregua””’ y Salvador Sánchez Cerén. Todo apunta a que ahora estamos ante una “puesta en escena” similar. Ese es el problema de un paí­s como el nuestro, donde los “politiqueros” viven en permanente campaña, elección tras elección. Por cierto, hay que tenerlo presente, Donald Trump está en campaña también y en medio de esta le es provechoso “socar pitas” a sus “colegas” en nuestra subregión, precisó.

Así­ las cosas, le llegó su hora a quienes reclaman aprobar la pena de muerte en las redes sociales y dentro de la Asamblea Legislativa. Pena de muerte para los actuales “delincuentes terroristas” dentro de esta “guerra”; es decir, los pandilleros o mareros. Casualmente, así­ llamaban también a los guerrilleros antes y durante la guerra pasada. Entonces, el reclutamiento para la milicia era obligatorio; ahora, más que “voluntario” “’porque también el servicio militar sigue siendo constitucionalmente obligatorio”’ será inducido entre la población que vive en condiciones de vulnerabilidad, asediada por la criminalidad, y que ahora podrá matar o morir con uniforme y fusil. Ya ocurre esto último también y, probablemente, se incrementará. Pero antes no solo morí­an guerrilleros y soldados; también sus parientes y vecinos, para los que no contaba el respeto de sus derechos humanos”¦ No aprendamos de nuestra historia, ¡sigamos repitiéndola!. dijo finalmente.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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