El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró este lunes que han ampliado las medidas extraordinarias a los 28 centros penales, por lo que reiteró el llamado a las empresas de telefonía, en cuanto a que para esta madrugada “no debe de haber señal” hacia el exterior o de lo contrario recibirán multas.
“Con las medidas extraordinarias que dictó el antiguo Gobierno, solamente abarcaba seis centros penales, es decir, en seis centros penales no se podían realizar llamadas y no se permitía la visita. Ahora lo que hemos hecho es ampliarlo a los 28 centros penitenciarios”, indicó Rivas en la entrevista para el programa Frente a Frente de TCS.
Asimismo, Rivas advirtió que la multa que se aplicará a las telefonías que no cumplan con la orden del Gobierno es de 3,000 salarios mínimos.
“El presidente les pidió a las telefónicas que les daba hasta esta madrugada para que no exista ninguna señal en Centros Penales. Vamos a desplazar equipos nuestros en conjunto con la SIGET (Superintendencia General de Telecomunicaciones) para constatar que ya no hay ninguna señal hacia el exterior en los Centros Penales. Caso contrario, pues, se harán sujetas a multas de acuerdo a la ley, que rondan 3,000 salarios mínimos diarios”, sentenció Rivas.
Por otra parte, el funcionario manifestó que el estado de emergencia que fue anunciado el pasado viernes se mantendrá hasta que hayan tomado control de los centros penitenciarios.
“Una vez garanticemos que no existe señal hacia el exterior de un centro penal, (y que) hayamos hecho la redistribución de los privados de libertad, en esa medida vamos a ir viendo qué medidas vamos a ir tomando para flexibilizar en alguna medida las cosas”, apuntó Rivas.
Cabinas telefónicas operadas desde el extranjero
Por otro lado, Rivas destacó que durante el Gobierno anterior se implementó un sistema de tarjetas prepago que los reos utilizaban para realizar llamadas en las casetas telefónicas dentro de los centros penitenciarios, el cual estaban siendo operadas por empresas telefónicas desde el extranjero.
“Esto de las cabinas telefónicas es un problema que hemos heredado. Hemos pedido las auditorias. En su momento vamos a hacer públicos todos los hallazgos. Era un negocio: del 100% que se recolectaba producto de este sistema de tarjetas prepago, el 89% quedaba para las empresas y el 11% quedaba en los centros penales. Son empresas internacionales: una es panameña, la otra es colombiana. Hasta los servidores estaban fuera del país”, concluyó Rivas.