La empresa privada e instituciones académicas renunciaron a ser parte de la administración del Fondo de Emergencia por la pandemia del coronavirus, ya que justificaron que el gobierno ha realizado varias inconsistencias en la creación de este sistema, que tiene como objetivo transferir $ 2 mil millones a programas de desarrollo productivo del país y de combate a esta enfermedad.
Las organizaciones en cuestión son la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), la Escuela Nacional de Economía y Negocios (ESEN), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Los representantes privados y académicos indicaron que tomaron esta decisión, porque el Ejecutivo ha tomado decisiones unilaterales que han derivado en la asignación de obligaciones, que rebasan las competencias del comité y la capacidad del mismo.
“Al comité se le atribuyen competencias cuya naturaleza es la dirección, administración y control o auditoria, las cuales no son compatibles con las competencias funcionales y la naturaleza de nuestras entidades fijadas por las finalidades que ellas deben legítimamente deben perseguir. Además, como organizaciones de la sociedad civil, carecemos de las facultades de control necesarias para cumplir tales funciones”, reza un extracto de la misiva entregada a la Asamblea Legislativa por parte de las organizaciones.
Agregaron, que han buscado la manera para poder delimitar las funciones del comité, a esto añadieron que el Decreto Legislativo 608 contiene varios vacíos de redacción, como por ejemplo la duración del comité, ni el nivel de responsabilidad de los fondos ya ejecutados.
De igual manera indicaron, que hubo una modificación en el mencionado decreto que los deja "sin razón de ser, pues le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso".
Gobierno responde al sector privado tras la renuncia
Ante los señalamientos, el gobierno aseguró que la renuncia había sido porque rechazaron a ser sujetos a declaración patrimonial.
“Los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia aprobada con el respaldo del Presidente de la República, Nayib Bukele, pero habían pedido la modificación de la ley para que sus votos no fueran vinculantes”, indica el comunicado de prensa emitido por Casa Presidencial.
El gobierno explicó que los organismos que tendrán a cargo la administración de fondos públicos, deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron someter a esa disposición legal.
El secretario privado Ernesto Castro, confirmó que los representantes del sector privado comunicaron su decisión.
El Presidente Bukele ha sido claro en establecer la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por COVID-19 y aprobó la auditoría de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno.
Además, la Corte de Cuentas desarrolla su trabajo de auditoría de los gastos de esta emergencia.
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, lleva a cabo gestiones para adquirir los $2,000 millones para financiar la emergencia en distintas áreas.
