36 órdenes sanitarias estableció el Juzgado de Medio Ambiente de San Miguel. Exige la creación de ordenanzas municipales, campañas de limpieza, bomberos y fortalecimiento de escuela ambiental.
Vale decir que el municipio de San Miguel ha acumulado numerosas demandas ambientales. Desde el mes de febrero de 2019, el ex-alcalde Miguel Pereira encaró un proceso en contra de su administración, “por la contaminación del Río Grande”, y prácticas activas en “botaderos a cielo abierto” y “botaderos en lugares no establecidos”.
“Sucia” fue la descripción que la Alcaldía Municipal de San Miguel adquirió de la resolución del Juzgado de Medio Ambiente de la región. Con 36 medidas cautelares fue sancionada la administración del gobierno local, consistentes en la aplicación de medidas sanitarias para resarcir las afecciones en la salud pública.
Vale decir que el municipio de San Miguel ha acumulado numerosas demandas ambientales. Desde el mes de febrero de 2019, el ex-alcalde Miguel Pereira fue vencido en juicio, en representación de su administración, “por la contaminación del Río Grande”, y prácticas activas en “botaderos a cielo abierto” y “botaderos en lugares no establecidos”. El Juzgado deliberó igualmente sanciones sanitarias.
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Demandas
La creación de un Comité Ambiental ampliado fue una de las principales órdenes que la administración de justicia resolvió. Asimismo, ordenó la creación de ordenanzas municipales; la ejecución de campañas de limpieza, así como el suministro de un cuerpo de bomberos forestales y el fortalecimiento de una escuela ambiental, para la mitigación de desastres.
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“Se les ha ordenado hacer un plan de limpieza general del municipio, que contemplen cantones, caseríos, colonias, quebradas, ríos y cementerios, porque pertenecen al municipio”, indicó, a los representantes de la administración municipal, el árbitro de justicia, Elí Díaz Álvarez
“Limpieza general” es la orden principal que la administración está ejecutando, por orden judicial, desde el pasado mes de enero, en concordancia con las declaraciones del secretario municipal, Mauricio Campos. Sin embargo, los requerimientos ambientales han sido exigidos desde la administración de Miguel Pereira, el alcalde municipal predecesor de José Wilfredo (Will) Salgado.
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“Se les ha ordenado hacer un plan de limpieza general del municipio, que contemplen cantones, caseríos, colonias, quebradas, ríos y cementerios, porque pertenecen al municipio”, indicó Álvarez. Por ello, el secretario Campos indicó a la prensa que la administración debe establecer “una tasa preferencial” para el cobro de servicios sobre los cantones a los que no se ha llegado.
Entre otras cosas, el “apoyo” de negocios formales e informales es una propuesta que han anunciado las las autoridades de la administración municipal, para resarcir la demanda de “responsabilidad social y compensación ambiental” que establece la Ley de Medio Ambiente (art. 1,2,3, 5, 6, 9, 25, 35, 50…).