La ratificación del Acuerdo de París y disposiciones transitorias para la creación de juzgados ambientales en la zona oriental y occidental de El Salvador fueron las acciones por las que los diputados de la Asamblea Legislativa dieron sus votos el pasado jueves.
El documento ratificado contó con 62 votos y una abstención y tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para hacerle frente al cambio climático.
Guillermo Mata, del FMLN, dijo que “el cambio climático es una realidad que afecta a todos los países y a todos los continentes. Sus efectos negativos son múltiples: afecta la economía de los países del mundo, la calidad de vida, la agricultura, la salud, incrementando las enfermedades por vectores y la migración”.
La iniciativa fue presentada el pasado 5 de octubre por la titular del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez.
Según la Asamblea Legislativa, en el proceso de estudio se solicitó la opinión de los expertos de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), CESTA y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG con el fin de garantizar la pertinencia de la ratificación del instrumento.
Además con 56 votos, el Pleno legislativo aprobó disposiciones transitorias para la creación la creación del Juzgado Ambiental de la zona oriental en Santa Ana y la entrada en funcionamiento del Juzgado Ambiental de Occidente, con sede en San Miguel, hasta el 1 de marzo de 2017.
Pohl mostró su satisfacción con la disposición transitoria y señaló que “hay que recordar que desde la reforma que se la había hecho a la Ley del Medio Ambiente, estaba pendiente el cumplimiento de la normativa ambiental, esperamos que eso contribuya a mejorar la legislación ambiental en el país”.
Según el MARN, con el decreto queda establecido que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de las dependencias que determine, elaborará estudios y análisis correspondientes a efecto de determinar y dar seguimiento a la demanda de servicios que resultaren con la aplicación de la jurisdicción ambiental.
“También con las disposiciones transitorias, la Corte estará en la obligación de informar a la Asamblea Legislativa sobre la gestión de los tribunales ambientales cada tres meses. Es importante aclarar que con este decreto no se modifica el plazo para la creación de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en San Salvador; este último punto continúa en estudio al interior de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales”, cita el comunicado del MARN.
