La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este viernes que suspenderá la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Extinción de Dominio aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 18 de julio y sancionadas posteriormente por el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén.
“La Sala señala que, aunque el proceso de inconstitucionalidad está pendiente de ser sentenciado, las reformas recién aprobadas alteran el análisis de inconstitucionalidad en el sentido que en muchos casos establecen regulaciones opuestas a las que se encontraban vigentes en el momento de la presentación de la demanda. Por ello, señala que existe una incoherencia institucional por parte de la Asamblea Legislativa en el presente proceso, lo cual puede ser considerado como un indicio de fraude a la Constitución. Hay una patente contradicción de las posturas institucionales que la Asamblea Legislativa ha sostenido al aprobar la LEDAB, al rendir su informe justificativo y al reformar dicha ley”, reza el comunicado.
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Las reformas de la Ley de aprobadas por la Asamblea Legislativa fueron defendidas por parlamentarios del FMLN y GANA, ya que aseguraban que respondían al principio de inocencia que plantea la Constitución y que debe beneficiar a toda la población cuando de incautación de bienes se trate.
“Lo que hemos hecho es apoyar dos principios constitucionales fundamentalmente: el debido proceso en el cual el imputado tenga el derecho de defensa. Estamos hablando no solo de funcionarios públicos o crimen organizado, sino ley aplicable a cualquier ciudadano. Así como estaba la ley, si alguien le acusa de enriquecimiento ilícito, le caen y usted no tiene la manera de probar y defender que es lícita si es una herencia o un bien lícito”, explicó el diputado del FMLN, Rolando Mata.
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Entre las modificaciones a la Ley destacan el recorte a 10 años de la prescripción de delitos de funcionarios y exfuncionarios, y no incautar propiedades de sospechoso origen ilícito hasta que haya sentencia definitiva o un agotamiento del proceso judicial.
Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, reiteró en diversas ocasiones que dichas reformas significaban un retroceso y que podría ir en detrimento de un pliego de 16 condiciones que exige Estados Unidos a El Salvador para ser sujeto de cooperación financiera.
A la advertencia de la embajadora, se unió la del fiscal general Douglas Meléndez y la del ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quienes opinaban que dichas modificaciones podrían cuesta arriba el trabajo de las entidades de justicia.
