La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó este viernes adoptar medidas de protección a favor de víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de amenazas de la pandilla Barrio-18 en contra de miembros de una familia, entre ellos, militares.
La resolución se da en vista que ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni la Fiscalía General de la República (FGR) emitieron oportuna las medidas para el procesamiento de los responsables de los delitos que han denunciado; tampoco se han realizado las diligencias para garantizar el retorno de los demandantes a su residencia de forma segura, según consta en un comunicado emitido por la CSJ.
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Los demandantes manifestaron que empezaron a ser acosados por la pandilla 18 debido a que algunos de los integrantes de esa familia son soldados. En su demanda relatan diversos sucesos en los que fueron amenazados, golpeados, acosados y las mujeres fueron violadas. Señalaron que la familia completa (compuesta por varios grupos de abuelos, padres e hijos) se encuentra en riesgo y que han tenido que desplazarse a otros lugares, incluso fuera de la ciudad.
Los demandantes señalan que las instituciones de seguridad no activaron las medidas de protección ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley Especial Para la Protección de Víctimas y Testigos, pese a que varias delegaciones y unidades de la PNC como de la FGR tuvieron conocimiento de los hechos.
“La Sala de lo Constitucional considera que la demanda de amparo cumple con los requisitos para ser admitida. En la misma resolución se ordena que la PNC y la FGR, a través de los canales correspondientes, adopten las medidas pertinentes para asegurar la integridad personal y la seguridad de los demandantes respecto de las amenazas en su contra“, señala parte de la resolución.
Además ordena proporcionar, de forma inmediata, los mecanismos de seguridad pertinentes para que los demandantes puedan retornar a su domicilio a efecto de recuperar los bienes materiales respectivos que se encuentran ahí y que no han podido recuperar por las amenazas sufridas.
La Sala ordena también reserva del caso y restringe el acceso público al expediente por seguridad de las víctimas.
Organizaciones como CRISTOSAL han exhortado a que el Estado salvadoreño reconozca la existencia del fenómeno de desplazamiento interno de familias que huyen de la violencia sin traspasar fronteras.
Esta misma ONG acompaña casos de familias que han dejado sus vidas en sus lugares de origen y han tenido que refugiarse en otros sectores del país a causa de amenazas principalmente de pandillas. Estas familias también han pedido a la Sala de lo Constitucional que se pronuncie en su causa, a fin de que orden medidas de protección a su favor.
La resolución de amparo fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Sonia Barillas de Segovia.
