Por Alessia Genoves
43 años han transcurrido desde el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. El impacto de un proyectil atravesó su corazón, la mañana del 24 de marzo de 1980, en las vísperas de la Guerra Civil de El Salvador. El informe de la Comisión de la Verdad, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), califica al fatal desenlace como un “magnicidio”, del que, sin embargo, no se ha hecho justicia ni reparación hacia las víctimas.
ContraPunto trae a la memoria el nombre del mártir de la fe, cuya vida y obra se convirtió en un referente a la demanda de la justicia social, y la solidaridad hacia aquellas personas “empobrecidas de sus derechos humanos”. En ésta ocasión, la comunidad de creyentes, y seguidores de su historia conmemoraron al XLVII santo de las Américas, en la Cripta de Monseñor Romero, en donde también se resguardan los restos de sacerdotes y servidores de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como el del sacerdote Luis Chávez González, Enrique Álvarez Córdova y Monseñor Rodrigo Orellana Cuéllar
Romero Santo y la lucha social
“Romero Santo” es una de las connotaciones que recibió el defensor de la fe y derechos humanos, apenas un tiempo después de su muerte. Su vida y obra, aunque inicialmente cuestionada por presuntos arraigos políticos, no fue reconocida por el Vaticano sino hasta el 23 de mayo del año 2015, fecha en la que el Sumo Pontífice, Francisco Bergoglio, nombró como beato de la Iglesia Católica a Oscar Arnulfo Romero.
“La voz de los sin voz”, es el aforismo asociado a Romero, durante la Guerra Civil. El religioso estuvo en disputa constante. Lamentó el escenario de sangre, que concluyó tras una manifestación civil que denunciaba fraude electoral, tras el ascenso al poder del general Carlos Humberto Romero (1962), por el partido de Conciliación Nacional (PCN). En el gobierno de su sucesor, el del presidente Arturo Armando Molina (1972-1977), Romero denunció la progresión de hechos de injusticia social, que le llevarían a su arresto y posterior expulsión del territorio salvadoreño, junto con la curia de su misma congregación; entre los que se enumera a los sacerdotes Bernard Survill y Willibrord Denaux.
“Él (Romero) dedicó su esfuerzo, su trabajo de justicia, para los empobrecidos de los derechos humanos, para quienes fueron violentados de diferentes maneras”, dijo Mirna, una de las seguidoras de Romero.
Constantes fueron los roces entre Romero, y los gobiernos de turno; como constante fue su crítica hacia el gobierno y los que terceros hacían sobre su rol en la Iglesia. De hecho, el atentado que segó su vida, el 24 de marzo de 1980, se resumiría a un hecho de sangre, con perjuicio a la fe y a la Iglesia Católica; no siendo el único concurrido durante la Guerra Civil. El informe de la Comisión de la Verdad individualiza a varios de los responsables, con los informes inmediatos a la detención del Mayor Roberto D’Aubuisson Arrieta, de cuya consigna rezaba “haga patria y mate a un cura”.
“El último domingo de cuaresma. El último domingo que también celebró Monseñor Romero. Un día en que él puso su corazón en nuestro señor Jesucristo, y al día siguiente, el día 24 -que cayó lunes de la semana de dolores- El Señor le pidió la vida a Monseñor Romero”, recordó a ContraPunto y a su audiencia, el sacerdote argentino, Raúl Gabrieli.
Romero y la Justicia
Los prejuicios de D`Aubuisson contra la fe tendrían registro tras una orden de detención que procedió en su contra, el 7 de mayo de 1980. En operativo de “allanamiento se encuentra una cantidad significativa de armas y documentos que involucran al grupo con la organización y financiamiento de escuadrones de la muerte del Arzobispo Romero”, de acuerdo con el informe de la ONU. Sin embargo, el Mayor fue liberado tras una serie de amenazas.
Romero, desde entonces, no vería la justicia penal, en contra de los actores que perpetraron su muerte, en los 43 años posteriores, hasta nuestros días. Inclusive, tras la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, el 20 de marzo de 1993, “el Congreso de El Salvador dictó la Ley de Amnistía General mediante el Decreto N° 486. Los peticionarios alegan que esta ley tuvo el objeto de impedir la investigación judicial de los crímenes revelados por la Comisión de la Verdad”, se recuerda en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su informe 37/00, del año 2000.
“El Estado salvadoreño ha violado el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana en perjuicio del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arnulfo Romero y Galdámez”, concluyó la CIDH, en consecuencia de la “indebida adminsitración de justicia”; y a su deber por “investigar en forma diligente y eficaz las violaciones denunciadas”. Por tanto, figuraría como una entre las más de 70,000 víctimas mortales del Conflicto Armado.
No obstante que la misma CIDH denunció la sanción de la Ley de Amnistía General, en 2000; ya para el año 2016 fue el mismo Órgano Judicial que declaró a la normativa como inconstitucional. El documento que lo respalda se halla en la sentencia 44-2013/145-2013; y el fallo basa sus arraigos a al “principio de irretroactivdad de la ley en materia penal”, y en los Estatutos de Roma, mismos que reafirmarían la imprescriptibilidad de la acción penal sobre los crímenes de lesa humanidad.
Óscar Arnulfo Romero descansa con Cristiana Sepultura, pese a los reveces de su estatus como víctima y defensor de víctimas. Fue canonizado en Roma, el 14 de octubre de 2018. Sus restos se hallan en una tumba de cedro, que personifica su figura, así diseñada por el ingeniero Paolo Barghi. Su estatus jurídico ahora se ventila ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH); mientras que la justicia salvadoreña aún permanece a la expectativa de la aprobación de una Ley de Justicia Transicional, propuesta desde el año 2021, bajo la consigna “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
