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sábado, 31 de julio del 2021

Riesgos de la polí­tica social

La polí­tica social del actual gobierno tiene cuatro riesgos muy serios, que ya están presentes, “tanto para la polí­tica social con enfoque de derechos, como para la institucionalidad democrática” del paí­s, plantea la organización de la sociedad civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) en Claroscuros: Posicionamiento y análisis de los cambios en la polí­tica frente a la pobreza

Los riesgos:

1. Sustitución de programas de servicios por programas de transferencias. La entrega de transferencias no resuelve la garantí­a de servicios de calidad. Es el caso, entre otros, de las Estancias Infantiles. La reducción de cobertura, monto, supervisión, capacitación y evaluación contradicen el principio de progresividad en el ejercicio de los derechos sociales que contempla el Artí­culo 1 de la Constitución. Toda operación corrupta de un programa social debe ser sancionada de acuerdo a la ley, pero esto no justifica la eliminación de programas que promueven el ejercicio de derechos y tampoco afectar el interés de quienes son sus beneficiarios.

2. Eliminación del modelo de corresponsabilidad y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La decisión del gobierno de cancelar “las convocatorias abiertas a OSC afecta acciones tan importantes con los refugios para mujeres ví­ctimas de violencia, la atención de personas con VIH o cientos de proyectos de promoción y empoderamiento social realizadas por organizaciones civiles en zonas de mayor rezago y múltiples campos de especialidad”. Y sobre todo “elimina el modelo de participación social con corresponsabilidad que es un componente esencial de la gobernanza y de los principios de gobierno abierto, así­ como de las expresiones de democracia participativa”.

3. Asignación discrecional y partidista de transferencias monetarias. El mayor de los riesgos de la actual polí­tica social “es la reconstrucción de redes de clientelismo polí­tico usando los beneficios de los nuevos programas sociales (…)”. No hay información y transparencia sobre el “censo” de beneficiarios que levanta el gobierno. Este levantamiento “viola múltiples disposiciones legales” y no cumple con los “requerimientos institucionales”. Se sabe que opera desde una estructura partidista y electoral.

4. Cambios sin sustento técnico o estrategia clara. El desmantelamiento del programa Prospera elimina el componente de nutrición infantil y acciones preventivas de salud para toda la familia sobre todo en la etapa prenatal y primera infancia. El programa se sustituye por becas de educación básica que está demostrado carecen de impacto en la educación primaria. La eliminación del Seguro Popular y volver a centralizar los servicios de salud en el gobierno federal plantea muchas interrogantes. La cobertura universal de salud requiere una reforma institucional de gran envergadura y no puede reducirse a la recentralización de la atención de la salud.

Twitter: @RubenAguilar      

 

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