A tres días de que la jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, retirara la orden de captura contra el político Rubén Zamora, revocó la decisión en su contra sin informarle de la medida. La nueva orden de detención fue a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que la orden de excarcelación se hizo pública el pasado 31 de enero cuando anularon la orden de captura.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, compartió un documento donde se señala que se ordenó nuevamente la detención de Zamora tres días después de que la jueza revocara la primera orden de captura. Según Goebertus, las condiciones que fundamentaron el beneficio de la excarcelación han cambiado debido a nuevos aportes de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que llevó a dejar sin efecto dicho beneficio y restaurar la detención provisional emitida el 22 de diciembre de 2023.
El proceso judicial se enmarca en acusaciones por el presunto delito de encubrimiento relacionado con la aprobación de la Ley de Amnistía en diciembre de 1981. En ese contexto, Zamora y otros exdirectivos de la Asamblea Legislativa están siendo procesados por su presunta complicidad en los eventos ocurridos en El Mozote y lugares aledaños durante esa época.
Goebertus calificando el proceso penal contra Zamora como abusivo y una burla a las víctimas de El Mozote. Además, la institución Human Rights Watch ha solicitado la retirada de los cargos contra Zamora, subrayando la complejidad y la gravedad del caso.
Por su parte, Zamora manifestó en una conferencia de prensa el 1 de febrero que el objetivo de su detención era intentar silenciarlo, siendo crítico de la candidatura de Nayib Bukele para la reelección inmediata. Zamora ha argumentado que las leyes nacionales y electorales no permiten la candidatura de Bukele para la Presidencia de la República.
Zamora, junto con el expresidente Alfredo Cristiani y otros exdiputados, fueron objeto de una orden de detención provisional dictada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera el pasado 22 de diciembre de 2023. Todos están siendo acusados de ayudar, en calidad de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, a los principales responsables de la masacre mediante la aprobación de la Ley de Amnistía.
