El diputado del partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, afirmó este jueves que en el país es importante que el Gobierno mida y demuestre el impacto que estaría generando la política de prevención de violencia a fin de demostrar si existe o no efectividad en su ejecución.
“Cualquier cosa que se haga en función de la prevención del delito es buena independientemente de quien la ejecute, lo que falta es medir el impacto de estos programas. Lo que no se mide no se mejora y uno de los problemas es que no han sido medidos en su eficacia y efectividad, por lo tanto no sabemos si se pueden reajustar. Esto se puede solventar”, explicó a ContraPunto el diputado.
Este jueves el Gobierno lanzó un programa de apoyo a la estrategia de prevención de violencia en seis municipios priorizados, que será financiado con $20.2 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los municipios que serán beneficiados con el proyecto son: Soyapango, Ciudad Delgado, Mejicanos, Cuscatancingo y Apopa. “Con esto se buscará dar apoyo a 600 jóvenes emprendedores y a 1 mil 200 jóvenes con empleo”, indicaron las autoridades del Ministerio de Seguridad.
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El diputado Cuadra, aunque avala que se ejecuten este tipo de proyectos, afirma que también deben ir acompañadas de un proceso de inserción al trabajo productivo o al estudio, y no solo a mejorar infraestructura deportiva o proyectos similares.
“El trabajo de prevención debe tener una continuidad, no solo hacer acciones dispersas o que consumen mucho dinero y no se vea la eficacia en términos de inserción o de prevención de ingreso a los grupos criminales. Este trabajo se debe hacer con una metodología determinada y con objetivos claros no solo hacer activismo de prevención”, sostuvo el diputado.
Según informes del BID, diferentes diagnósticos han detectado que algunos de los factores que promueven el cometimiento de delitos son las debilidades en la rectoría para coordinar y monitorear políticas y programas de prevención. A ello se suma la alta marginalidad social de jóvenes y la limitada oferta de programas para rehabilitación y reinserción de la juventud privada de libertad.
Ante esto el Gobierno ha implementado desde 2015 diferentes planes de prevención, como el borrado de grafitis pandilleriles, la ejecución del programa Familias Fuertes, en el que se impulsan los valores y habilidades de crianza, entre otros.
