Por segunda ocasión consecutiva, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador reprogramó la audiencia preliminar en contra del exembajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, acusado de apropiarse de USD$41,000 de fondos de la embajada de El Salvador en ese país. La razón de la reprogramación fue por falta de defensor para el imputado.
La audiencia preliminar había sido reprogramada para este 5 de julio, porque el defensor de Ochoa Pérez no se presentó, hecho que volvió a ocurrir este día.
El coronel Ochoa Pérez asistió puntualmente a la sede judicial tal y como lo había ordenado la jueza, el problema fue su abogado que no llegó.
“Dice que viene de San Miguel, ya va a venir”, dijo el coronel a la prensa, y así pasó algunas horas, hasta que el tribunal decidió suspender la diligencia.
Más tarde se supo por fuentes judiciales, que en realidad, el coronel Ochoa Pérez aún no ha nombrado a su defensor.
El anterior que tenía no asistió a la audiencia porque según el coronel Ochoa quería que le pagara por adelantado y no aceptó.
El exembajador de El Salvador en Honduras, durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, coronel Sigifredo Ochoa Pérez, no tiene abogado que lo defienda en la audiencia preliminar, en la que Fiscalía General lo acusa de peculado o apropiarse indebidamente de $41,400 cuando fungió en la sede diplomática.
A raíz de esa falencia, y siendo un derecho constitucional del imputado, la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador reprogramó la audiencia para el 14 de julio, fecha en la que se espera haya nombrado su abogado defensor.
Ochoa Pérez fungió como embajador de El Salvador en Honduras en el periodo de 2004 a 2009, en las gestiones Antonio Saca y Mauricio Funes.
La acusación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), señala que Ochoa Pérez y Walter Alfredo Anaya elaboraron dos contratos de arrendamiento del edificio donde funcionaba la embajada de El Salvador en Honduras.
Uno de los contratos era por $2,000 y el otro por $3,000. El excedente de los dos contratos que era de $800 era recibido por Ochoa Pérez, pero cuando dejó de ser embajador, ese dinero lo recibía Anaya, según afirmó la FGR.
El total de lo defraudado al Estado asciende a $107,920, según el ente fiscal.
