El exministro de Justicia y Seguridad Pública, René Figueroa, aseguró que abraza el principio de presunción de inocencia esto durante el requerimiento que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, este sábado, ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador.
“Soy inocente, me presenté a la FGR. Abrazo el principio de la presunción de inocencia, he colaborado totalmente con las autoridades en lo que me han pedido, tengo información y por eso cuento con una auditoría contable para desvirtuar lo que se me acusa”, expresó en el centro judicial.
Por su parte, el fiscal del caso indicó que el exfuncionario y su esposa, son acusados del delito de lavado de dinero y activos, por tener un incremento de más de $3 millones en su patrimonio y no justificarlos.
Según el análisis financiero realizado por el Grupo Contra la Impunidad de la FGR, los ingresos de Figueroa son de un total de $3,039,798 por lo que exceden a los declarados ante las autoridades tributarias.
“El análisis financiero arroja que el dinero que se concentraba en las cuentas bancarias del exministro fue usado para realizar operaciones inusuales: pago de préstamos, compra de inmuebles, pagos de préstamos anticipados, inversiones en vehículos por $204 mil, de los cuales se desconocen el origen de $144,100 y la construcción de un inmueble en la Urbanización Palmira (Santa Tecla) por $554,633 de los cuales se pagó en efectivo $323,724 de origen desconocido entre 2006 y 2008. También en mayo se registró un depósito a plazo de $225 mil”, detalla el informe del Ministerio Público.
Además, aseguran que le detectaron un depósito realizado por el presidente Elías Antonio Saca por la suma de $510 mil efectuado entre el 2 de septiembre de 2010 y el 8 de noviembre de 2012
Asimismo, señala que la empresa del exministro, Radiodifusión El Salvador, recibió de las cuentas provenientes de Casa Presidencial $1, 974, 942.
Las autoridades fiscales indicaron que este caso tendría relación con el del expresidente Saca, quien fue condenado a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero y activos. El exgobernante desvió $300 millones de fondos públicos.