Reiteran demandas por deudas históricas a Desaparecidos durante la Guerra Civil

Por: Alessia Genoves

Decenas de organizaciones sociales reiteraron sus demandas por la búsqueda de la justicia y el resarcimiento de las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil de la década de los años 80´s. El acontecimiento bélico dejó un saldo de al menos 10 mil personas que sufrieron desapariciones forzosas, un total de 72 mil personas fallecidas y múltiples violaciones contra los derechos humanos de millares de salvadoreños a manos del Estado y de la insurgencia, según así constata en el Informe de la Comisión de la Verdad, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del año 1993.

En respuesta a la demanda histórica, el vicepresidente de la república, Félix Ullóa; así como el titular de la Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, manifestaron su apoyo en favor de la búsqueda de la justicia, la reparación y la verdad de las víctimas y de las personas desaparecidas durante y después del conflicto bélico.

“Mi despacho está abierto para trabajar de forma directa con las víctimas, en promover una ley que le de fuerza a este tipo de conmemoraciones, que le de una mayor garantía y trascender más allá de un mandato presidencial, mi compromiso y del Estado, es la búsqueda de sus seres queridos”, refirió Ulloa a los representantes de las víctimas y a la comunidad internacional.

Las Demandas y las Desapariciones

Durante la Guerra Civil, más de 10 mil personas resultaron desaparecidas. Más de 4,340 de éstas concretaron en denuncias sobre desapariciones forzadas, directas e indirectas, de acuerdo al informe “La Desaparición Forzada en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador. Una primera aproximación al fenómeno” de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado (CONABÚSQUEDA), que definió al Estado como el perpetrador del 91% de los casos, y al FMLN más del 9% de los casos.

Frente a los hechos de violencia, más de 4.6 millones de salvadoreños salieron del país durante la década de los 80´s. Al día de hoy, familiares de las víctimas se consignan en la campaña “Los Huesos de Nuestros Padres”, desde el exterior, para reiterar sus demandas por la justicia de las víctimas. A las consignas de la diáspora se suma la campaña Alto a las Desapariciones, que se lanzó ésta tarde por la PDDH, Comité de Familiares de Personas Desaparecidas por la Violencia (COFADEVI), la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS), e instituciones de la cooperación internacional.

“La desaparición es una actividad, una afectación internacional. Y afecta el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la libertad, la seguridad, la verdad. Esos derechos son afectados tanto en el hecho mismo de la desaparición, como en el accionar que se tenga desde el Estado para activar los mecanismos de búsqueda que puedan ofrecer un resultado positivo”, manifestó ésta tarde Tobar, reiterando que “los operadores de justicia deben adecuar sus actuaciones, principalmente, al principio de igualdad, no discriminación, dignidad, enfoque de género, y derechos humanos, en general”.

Otra docena de organizaciones sociales se unieron a la consigna para resarcir los derechos de las víctimas, para demandar a los órganos legislativo y judicial la institucionalización del Día Nacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas; así como la activación efectiva de los protocolos de búsqueda, a la Fiscalía General de la República.

Otra de las demandas reiteraron la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OHCHR).

Pronunciamiento del #ProcuradorDDHH #ApolonioTobar con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y por el fenómeno de la desaparición de personas. pic.twitter.com/5xUA3KrstS

— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) August 30, 2021

“Las desapariciones tienen una factor inter-sectorial que impactan de diferentes maneras. Las desapariciones no conocen condición económica, social, orientación, territorio o factor geográfico. La desaparición, como un fenómeno social, tiene que ser vista desde un impácto económico, político, social, pero también que nos afecta de forma colectiva”, definió la representante de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS), Amalia Leiva.

Las demandas por la activación de protocolos de búsqueda pretenden evitar las causas y consecuencias arraigadas a las desapariciones forzosas. De 2014 a 2019, el Ministerio Público hace un recuento de más de 22 mil denuncias de personas desaparecidas; y, a ésta cifra se suma un total de 424 personas desaparecidas durante los cuatro primeros meses del año.

“La persona desaparecida se desvanece en la clandestinidad, en al tortura, en la impunidad. La desaparición implica el dolor por la separación abrupta por la desaparición, y el hundimiento de donde se respiraba calor de familia. La desaparición significa un gran no. Se niega la información. No existe un arresto. No se reconoce la detención. No hay un cuerpo, ni una tumba. No hay participación del Estado. Las desapariciones se realizan al margen de la ley. No hay culpables. No se está vivo, ni tampoco se está en una tumba”, versificó en su demanda, la representante del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas por la Violencia (COFADEVI), Julia Rochac.

Otras de las demandas sociales fueron referidas a la Sala de lo Constitucional, para la judicialización de los responsables de perpetrar desapariciones forzosas en contra de la población civil. Otra docena de organizaciones enumeran irregularidades en casos de trascendencia, como el que atañe al del poeta Roque Dalton. Demandan que su hijo, Juan José Dalton, sea informado sobre la situación del proceso de amparo, del juicio en el que busca esclarecer el paradero de su padre.

Organizaciones como la Fundación de Estudios para la Amplicación del Derecho (FESPAD); la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (COHES) y el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI), hicieron otra decena de demandas, entre ellas, “la creación de un registro único de personas desaparecidas”; la emisión de una “Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas” como una “Ley de Ausencia por Desaparición”; la creación de mesas interinstitucionales de trabajo para robustecer las investigaciones y el fortalecimiento institucional.

“Como procurador reitero mi compromiso con la prevención de desaparición forzada de personas, con la búsqueda de personas, acompañando las acciones que van encaminadas a requerir a cada institución lo que corresponde, según la Constitución, a actuar con la debida diligencia, a actuar un enfoque de derechos humanos, a actuar con un enfoque de género; y, por supuesto, priorizar la protección a aquellos grupos en condición de vulnerabilidad”, puntualizó Tobar.