El Fiscal general de la República, Douglas Meléndez y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se presentaron este lunes ante la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, para exponer sus preocupaciones y opiniones sobre la intención de reformar la Ley de Extinción de Dominios. Según diputados, el fin de una posible modificación sería garantizar que no se viole el derecho a la propiedad ni la presunción de inocencia de acusados.
De acuerdo a lo explicado, la propuesta de reforma requiere modificar el artículo 76 de la referida normativa, a efecto de que los bienes objeto de medidas cautelares, permanezcan en posesión de sus titulares mientras no haya sentencia ejecutoriada que extinga el dominio.
Tanto Meléndez como Landaverde, coincidieron en que esta reforma, limitaría su trabajo y favorecería al crimen organizado.
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“La preocupación es que van a tener que ir (fiscales) a pedirle al satánico dirigente de la MS, permiso si está de acuerdo en que vayamos a proceder contra sus bienes y él dirá que no está de acuerdo y que le notifiquemos y pase por el proceso sin medida cautelar”, dijo el fiscal general.
Añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) no abusa de este mecanismo ni tampoco hace uso antojadiza del mismo pues su aplicación es en el marco de la ley y de manera general.
“Hay vienes vinculados con aumentos patrimoniales, o de procedencia ilícita”, expresó Meléndez, y añadió: “los bienes son importantes en la estructura criminal y es ahí donde nosotros estamos enfocándonos”.
Por su parte el ministro Ramírez Landaverde, sostuvo que la propuesta es contraproducente y afectaría de forma fuerte las labores de prevención y combate a las organizaciones criminales.
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“Una reforma de este tipo deja expuesta la posibilidad para que estructuras criminales se queden con sus bienes obtenidos de manera ilícita”, señaló el funcionario.
Asimismo, informó que gracias a la aplicación de la citada normativa, cinco instituciones vinculadas a las seguridad se han beneficiado, ya que se ha incautado fondos que provienen de ilícitos, $264 mil dólares en 2015; $630 mil dólares en 2016 y $491 mil dólares en los primeros cinco meses del año 2017; cifras que van su tendencia es a incrementar.
Tras la intervención de ambos funcionarios, la comisión acordó que el equipo técnico institucional prepare una propuesta de reforma tomando en cuenta algunas consideraciones expresadas por los funcionarios y las diputadas y diputados que conforman la comisión, a fin de fortalecer la normativa y robustecer los mecanismos para la extinción de dominio.
