La Red de Ambientalistas en Acción (RAA) presentó un balance en el que se detalla la situación de El Salvador en materia ambiental durante el año 2017.
Algunas de las principales deudas, consideran los activistas, son la falta de una legislatura que prohíba el uso de agrotóxicos y la no aprobación de la Ley General del Agua.
Según la representante de RAA, Sara Guardado, en el país existen muchas deficiencias en el tema de protección de bienes naturales, ya que manifiesta que los suelos y el agua se ven afectados por las grandes empresas cañeras.
Los monocultivos de caña, además de generar daños a los suelos y al agua, son considerados tóxicos para las personas por el uso de agrotóxicos y madurantes en su cultivo, que devienen en problemas de salud en personas de la tercera edad y la niñez.
En el balance también se muestra que los bosques salados (manglares) se ven amenazados por el avance de la frontera agrícola y la extracción ilegal de madera que provoca la disminución de agua en ríos y esteros, lo que tiene graves consecuencias en la vida de la fauna que las habitan.
El ambientalista de la Barra de Santiago, en el departamento de Ahuachapán, Manuel Guevara, manifiesta que existe un problema no solo en las comunidades sino a nivel general, ya que en todo el país se están generando problemáticas causadas por los “terratenientes” y empresarios que se benefician de las tierras y los ríos. El activista resaltó que el Estado salvadoreño no cumple con su rol al no velar por la aprobación e implementación de leyes que beneficien al medio ambiente.
Al final los ambientalistas consideraron como negativo el balance del presente año, pese a la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria. No obstante, aseguran que siguen sin acatarse las leyes ambientales debido a la presión de empresas, pese al continuo llamado de las comunidades.
