El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva, denunció públicamente que existe un “fuerte interés” de las autoridades de “apartar” a dicho centro de estudios del proceso penal por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en 1989, en el que fue declarado “víctima” por una instancia internacional.
Una corte de El Salvador ordenó el pasado viernes que la causa penal contra 11 personas, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pase a la etapa de investigación judicial tras finalizar la audiencia inicial.
De acuerdo con Oliva, desde que el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó un amparo para la reapertura del proceso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, han “percibido” dicho interés.
“La Universidad ha percibido que existe en diversas autoridades públicas un fuerte interés en apartarla del proceso y sembrar dudas de que sea una de las víctimas de la masacre”, indicó el religioso en una conferencia de prensa.
Agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en 1999 que los familiares de las personas ejecutadas por un comando del Ejército, la “comunidad universitaria” y la Compañía de Jesús también son víctimas de este crimen de lesa humanidad.
En el desarrollo de la audiencia inicial, que se llevó a cabo el jueves pasado y cuyo fallo se brindó el viernes, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador separó del proceso a la querella que representa a unos de los hermanos de Ignacio Ellacuría, quien fue rector de la UCA y uno de los asesinados.
El juez argumentó que “no se había presentado una nueva querella” para no permitir su participación, indicó Oliva. Sin embargo, el jesuita agregó que en el año 2000 se había presentado una querella “que no había sido anulada”, por lo que a su juicio era “válida”.
Oliva también señaló que en el fallo oral dado el viernes “se advirtió un trato preferente hacia algunos de los procesados con mayor grado dentro de la Fuerza Armada” y agregó que esto ya sucedió “en el pasado”.
El juez de la causa en su primera etapa no dio a todos los procesados las mismas medidas, dado que ordenó la detención del expresidente Cristiani, del exdiputado Rodolfo Parker, y de los militares Nelson Iván López, Joaquín Cerna y Óscar León.
Para el general Rafael Bustillo, Camilo Hernández, Rafael Larios, Juan Orlando Zepeda y Manuel Rivas se decretó la libertad condicional.
El juzgador ordenó la detención del coronel retirado Inocente Montano por no presentarse y no nombrar abogados defensores, a pesar de que se encuentra en España, donde fue condenado a 133 años de prisión por esta misma masacre.
Estas personas enfrentan cargos de asesinato, comisión por omisión de asesinato, actos de terrorismo, proposición para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento, todos catalogados como crímenes de lesa humanidad.
Este proceso se demoró más de tres décadas a raíz de una ley de amnistía de 1993, que fue anulada en 2016, y un fallo de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba su cierre.
En 2017, por petición de la UCA, una corte ordenó su reapertura, pero este se retrasó por diversos recursos presentados por la defensa.
El último fue uno de casación que dos jueces suplentes de la Sala de lo Penal del Supremo respaldaron y ordenaron el cierre de la causa, pero la Sala de lo Constitucional revirtió dicha decisión al declararla inconstitucional.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de élite mató a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la UCA.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López. También fueron asesinados Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.
